Vecinos de Leganés se han puesto en contacto con LGN Medios para transmitir su preocupación por la oleada de robos a taxistas en la ciudad.
Un vecino de Leganés Norte denunció ante las autoridades el intento de robo en su propio garaje. Los delincuentes usaron un extintor como arma para intentar conseguir los artículos que se encontraban en el interior del coche. Al parecer, el dispositivo ante incendios se abrió, dejando los coches de alrededor llenos de polvo, algo que también provocó que abandonaran el lugar con la acción a medias.

Por otro lado, otro caso más impactante se ha dado lugar en un garaje de Zarzaquemada. Alrededor de la Rotonda de La Noria, todos los coches de taxistas han sido atracados, dejando ventanas rotas y vehículos destrozados.
Según la Policía Nacional, se trata de individuos que intentaban buscar dinero dentro de los automóviles, aunque en este caso, sin éxito.

Además, esto provoca alerta ante los vecinos, ya que no solo coches de taxistas están siendo intervenidos, la oleada de robos a coches particulares también está siendo llamativa en el municipio, igualmente en garajes particulares o parkings al aire libre. La Policía Nacional sigue investigando las zonas y vehículos afectados para intentar encontrar causas o posibles culpables.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras las últimas informaciones conocidas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado la existencia de mensajes y referencias a citas que vinculan a Zapatero con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el proceso que culminó con la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea. Estos datos han reavivado el debate político y mediático en torno al papel del exmandatario.

Según la documentación incorporada a la investigación, los mensajes localizados por la UCO reflejan contactos mantenidos en fechas clave del rescate financiero, aprobado con fondos públicos para garantizar la viabilidad de la empresa. Estas revelaciones se suman a informaciones previas que situaron a Zapatero en una reunión privada con Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, apenas 72 horas antes de que este fuera detenido, un hecho que incrementó las sospechas sobre posibles intermediaciones o influencias en el proceso.

Las diligencias no atribuyen por el momento responsabilidad penal directa al expresidente, pero sí subrayan su presencia e interlocución en un contexto especialmente sensible, marcado por la gestión de recursos públicos y la supervisión de organismos estatales. La SEPI, encargada de canalizar el rescate, ha defendido en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y ha insistido en que la ayuda se concedió conforme a los criterios técnicos establecidos para empresas estratégicas afectadas por la crisis.

La aparición del nombre de Zapatero en los informes de la UCO ha vuelto a proyectar la sombra de la sospecha sobre una figura política con influencia activa en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Mientras la investigación continúa abierta, el caso refuerza el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos, la separación entre responsabilidades políticas pasadas y actuaciones presentes, y la necesidad de controles institucionales rigurosos en operaciones de rescate empresarial que tienen un impacto directo en las arcas del Estado.

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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) amaneció casi desierta este miércoles durante la primera de dos jornadas de huelga en las universidades públicas madrileñas, convocada por la plataforma Por la Pública. La mayoría de las facultades registró una asistencia mínima de estudiantes y profesores, mientras los piquetes informativos recorrían los pasillos invitando a sumarse al paro. Según testimonios recogidos en la Facultad de Ciencias Físicas, los piquetes realizaban preguntas sobre la financiación universitaria y recordaban la importancia de la movilización para preservar los recursos públicos. Solo se habilitaron aulas puntuales para quienes quisieran asistir a clases o estudiar, mostrando la magnitud de la adhesión al paro.

El paro se desarrolló con escenas de campus desierto: la Biblioteca María Zambrano permaneció cerrada, y facultades como Ciencias de la Información y Matemáticas se encontraban prácticamente vacías. Los piquetes incentivaban a los pocos presentes a sumarse, mientras algunos profesores cerraban las aulas en un intento de continuar con la actividad académica. Los estudiantes aseguraron que la huelga busca defender el derecho a una educación pública y evitar recortes que afectan la investigación y los contratos predoctorales, según explicó Jesús Navarro, investigador de la UCM, quien subrayó los problemas económicos y de financiación que afectan a docentes e investigadores.

Los empleados y bibliotecarios participantes alertaron sobre riesgos de privatización encubierta y control ideológico en las universidades públicas. Rosana Díaz y Diego Núñez destacaron que estas medidas podrían limitar el pensamiento crítico y afectar infraestructuras clave, como las bibliotecas universitarias. El paro se presenta como una protesta frente a la política de recortes y la presión sobre la educación superior, recordando episodios recientes como la falta de presupuesto en la biblioteca de Filosofía de la Complutense.

En contraste, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) no se sumó oficialmente a la huelga, y en sus aulas se observó una asistencia relativamente normal. Esto generó un contraste evidente entre centros universitarios, evidenciando la disparidad en la movilización estudiantil y en la percepción de la problemática. Los organizadores de la huelga destacaron que la participación en la Complutense refleja el compromiso de los estudiantes con la defensa de la universidad pública, mientras que la respuesta de otros centros subraya la necesidad de diálogo y coordinación entre las distintas instituciones académicas.

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El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista clave para determinar si el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular (PP). La sesión, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, busca valorar si existe riesgo de fuga de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión final se conocerá una vez el tribunal analice los argumentos de las partes y revise las medidas cautelares actualmente vigentes.

El juez citó a Ábalos a las 10:00 horas, manteniendo esta hora sin modificaciones, mientras que la comparecencia de García, inicialmente prevista a las 11:00, fue pospuesta a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en la trama, ante la Audiencia Nacional. Puente justificó que no era necesario que el abogado de García estuviera presente en la vista de Ábalos, por lo que solo ajustó la convocatoria del exasesor. Ambos siguen sometidos a las medidas cautelares decretadas previamente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares sostienen que existen «indicios racionales de criminalidad» y que la gravedad de los delitos imputados justificaría el ingreso inmediato en prisión. Argumentan además que la elevada petición de pena podría favorecer el riesgo de fuga y dificultar el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas peticiones se elevaron formalmente tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para García 19 años y medio, ambos acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, el Ministerio Público reclama multas económicas que rondan los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para cada uno, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La resolución del Supremo marcará un punto decisivo en el avance del caso y en las condiciones en que los acusados afrontarán el juicio.

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La autopsia preliminar realizada a los cuerpos del matrimonio encontrado muerto este sábado en Alpedrete, Madrid, ha confirmado que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que falleció antes que su marido. Así lo han detallado a EFE fuentes próximas a la investigación, que subrayan que estos datos corresponden al informe inicial, pendiente aún de la autopsia definitiva. Según los primeros resultados, la secuencia de los hechos sitúa a la mujer como primera víctima del suceso que ha conmocionado a la localidad.

Las mismas fuentes han señalado que el marido, identificado como el presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos antes del ataque. Además, padecía problemas crónicos de espalda que le provocaban fuertes dolores, motivo por el cual se medicaba habitualmente, y también sufría depresión, factores que el entorno describe como parte de un deterioro personal progresivo. Según los investigadores, estos elementos podrían haber influido en su estado mental en el momento de los hechos.

Todo apunta, según recalcan los responsables de la investigación, a que tras apuñalar a su mujer, el hombre se suicidó. Las mismas fuentes recuerdan que el presunto agresor había presentado previamente conductas autolíticas, lo que refuerza la hipótesis del suicidio posterior al homicidio. El caso ha generado gran impacto en Alpedrete, donde varios vecinos han asegurado haber escuchado “gritos desgarradores” procedentes del chalet donde ocurrió el suceso.

El matrimonio fue hallado por su hijo, quien avisó inmediatamente a los servicios de emergencia. El joven ha declarado ante la Guardia Civil que no había indicios que hicieran prever un desenlace de este tipo en el comportamiento reciente de sus padres. La investigación, que continúa en manos de la Guardia Civil, se orienta hacia un presunto caso de violencia machista, aunque no constaban denuncias previas ni la pareja figuraba en el sistema de seguimiento Viogén. El Summa 112 únicamente pudo confirmar el fallecimiento de ambos tras recibir la llamada de alerta a mediodía del sábado.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este jueves las respuestas ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’. Feijóo afirmó que “no puede seguir gobernando quien debe más silencio al ‘sólido’ Ábalos y al ‘decente’ Cerdán que explicaciones a la gente”, en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente encarcelado.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Feijóo prometió ofrecer a España “un tiempo nuevo de reparación y limpieza”, asegurando que el Gobierno de Sánchez ha perdido credibilidad tras su actuación en el interrogatorio. El líder popular reprochó al presidente haber recurrido reiteradamente a expresiones como “no me consta” o “no lo recuerdo” para evitar responder a las preguntas planteadas por la oposición durante la sesión.

Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, acompañó a Sánchez en la comparecencia y replicó en la red social X calificando el interrogatorio del PP como “un tremendo bluf” y acusando a los populares de “dañar el nombre del Senado”. Desde la izquierda, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), calificó el desarrollo de la comisión como “un espectáculo lamentable” que, según dijo, “denigra el poder político y los poderes públicos”.

En la misma línea crítica, el eurodiputado de Vox y coordinador jurídico nacional, Jorge Buxadé, tildó de “cobarde” a Sánchez y advirtió que las “risitas y bromas” del presidente durante su comparecencia no se repetirán “cuando tenga que hacerlo ante un juez de instrucción”. La jornada parlamentaria, marcada por evasivas, reproches y continuas llamadas al orden, refleja la tensión política en torno a la investigación del presunto caso de corrupción vinculado a la compra de material sanitario durante la pandemia.

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La Audiencia Provincial de Valencia ha citado a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre en relación con la investigación sobre la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. Vilaplana compartió una comida con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la catástrofe, retrasando su asistencia a la reunión del Cecopi, convocada a las 17:00 horas. La Sala considera que la periodista podría aportar información relevante sobre las decisiones adoptadas esa tarde, ya que solo ella, Mazón y sus interlocutores directos podrían conocer ciertos detalles.

Durante el almuerzo en el restaurante El Ventorro, Mazón ofreció a Vilaplana la dirección de la cadena pública À Punt, oferta que la periodista rechazó. La Audiencia ha delimitado su declaración al conocimiento que Vilaplana pudiera tener sobre conversaciones telefónicas del president con la consellera de Interior y Justicia y los comentarios que Mazón hiciera sobre dichas comunicaciones, así como sobre los hechos que presenció durante la comida y el retraso de su participación en el Cecopi. La jueza que instruye la causa inicialmente rechazó su testifical, argumentando que Mazón, por su condición de aforado, queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación.

En su carta pública, Vilaplana describió su presencia aquel día como una “maldita coincidencia” y denunció que ha sido objeto de presión política y ataques machistas, que le han provocado estrés postraumático y la necesidad de atención hospitalaria y tratamiento psicológico. La periodista también aseguró que durante el almuerzo no tuvo acceso ni participación en el contenido de las llamadas recibidas por Mazón ni se le trasladaron inquietudes sobre la gestión de la DANA.

Por otra parte, la Audiencia ha resuelto otros recursos vinculados con la investigación, manteniendo la condición de testigo del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, rechazando la citación de nueve ingenieros y arquitectos solicitada por Vox, y revocando la obligación de que futuras acusaciones populares se personaran bajo representación legal ya existente. El tribunal considera factible la actuación de las acusaciones populares, pero sin unificación por el momento, garantizando así la celeridad del proceso.

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Documentos oficiales fechados entre 2004 y 2006 revelan que Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gestionaba directamente locales de Madrid donde se ejercía la prostitución. Según los informes policiales, la actividad principal de estos establecimientos no correspondía a las licencias registradas, que señalaban saunas con bar, sino que facilitaban y obtenían beneficios del ejercicio de la prostitución.

Las autoridades detectaron graves irregularidades en materia de seguridad e higiene en los locales investigados. La Policía recomendó el cese de la actividad, señalando que la explotación de estos espacios estaba fuera del marco legal y se sustentaba en licencias obtenidas mediante engaño. La investigación apunta a un beneficio económico directo para Sabiniano Gómez a partir de esta gestión.

El caso se enmarca en una época en la que Pedro Sánchez iniciaba su carrera política como concejal del Ayuntamiento de Madrid en 2004. Durante esos años, los locales operaban de manera activa hasta que finalmente, el Ayuntamiento clausuró la ‘Sauna Azul’ en 2013, poniendo fin a la actividad irregular. La investigación periodística fue difundida por Okdiario y citada por expertos en seguridad y periodistas especializados en la materia.

Analistas señalan que esta información, si bien corresponde a hechos de hace casi dos décadas, genera interés por la relación familiar con el presidente del Gobierno y la gestión de actividades económicas irregulares. La documentación no señala implicaciones legales actuales para los familiares de primer grado, pero sí proporciona evidencia de la gestión directa de los locales por parte de Sabiniano Gómez durante los años investigados.

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Los Mossos d’Esquadra están investigando como posible homicidio la muerte del empresario Isak Andic, fundador de la firma de moda Mango, ocurrida el pasado 14 de diciembre de 2024 en las Cuevas del Salnitre, en Collbató (Barcelona). La hipótesis inicial apuntaba a un accidente tras caer por un barranco, pero la policía catalana ha decidido revisar el caso ante nuevas evidencias que han surgido durante la investigación.

El único acompañante de Andic el día de los hechos fue su hijo, Jonathan Andic, quien ahora se encuentra bajo investigación judicial en el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona). Las diligencias se mantienen bajo secreto de sumario, por lo que no se han revelado detalles sobre las pruebas que han motivado el cambio de escenario hacia un posible homicidio. La familia mantiene un perfil bajo, y los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento del empresario.

Fuentes cercanas a la familia han asegurado a Europa Press que no harán comentarios públicos sobre el caso, aunque muestran su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos. “Está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”, señalaron dichas fuentes, confirmando la colaboración de la familia con la investigación.

El cambio de hipótesis de accidente a homicidio abre nuevas líneas de investigación sobre la dinámica de la caída y las posibles responsabilidades. El caso ha generado atención mediática, dado el perfil público de Andic y la relevancia de Mango en la industria textil internacional. La investigación continúa, y los próximos pasos de los Mossos y del juzgado determinarán si se formalizan cargos o se confirman las circunstancias originales del accidente.

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha solicitado una investigación interna sobre posibles fallos en las pulseras de control telemático que permiten vigilar a agresores machistas con órdenes de alejamiento. La petición surge tras detectarse incidencias en el funcionamiento del sistema Cometa, que habrían afectado su eficacia en los últimos meses. Díaz subraya que, de confirmarse errores, se debe garantizar el derecho a reparación de las víctimas.

El sistema Cometa, gestionado por el Ministerio de Igualdad, sufrió problemas principalmente por la migración de datos durante el cambio de la compañía prestataria. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que ningún fallo puso en riesgo directo la seguridad de las mujeres, aunque insistió en que es un asunto que “no se puede permitir” y que se requiere un análisis detallado para prevenir futuras disfunciones.

El Consejo del Poder Judicial ya había alertado sobre irregularidades en la gestión del sistema, lo que motivó advertencias previas al Ministerio de Igualdad. Por su parte, el PP anunció que llevará el caso a Bruselas, considerando que los fallos podrían haber afectado la protección de las víctimas. Desde el Gobierno insisten en que se trata de problemas técnicos y que el mecanismo sigue operando correctamente.

Tanto Díaz como García remarcan la importancia de proteger la confianza de las víctimas y subrayan que la violencia machista es un asunto prioritario para las instituciones españolas. Ambos mandatarios coinciden en que cualquier fallo debe ser aclarado, investigado y compensado, evitando que el sistema sea utilizado como argumento político en debates partidistas.

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