A partir del 2 de abril de 2025, los contribuyentes podrán comenzar a presentar su declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Este proceso, obligatorio para quienes superen el mínimo exento, podrá realizarse de forma telemática o presencial hasta el 30 de junio. La Agencia Tributaria recomienda revisar con atención las deducciones disponibles para evitar pagar de más.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra la deducción por maternidad, destinada a madres con hijos menores de tres años que cumplan ciertos requisitos. Este beneficio puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales por hijo, aunque el importe final depende del número de meses en los que se cumplan los criterios exigidos. Muchas contribuyentes podrían estar dejando de solicitar esta ayuda sin saberlo.

La Agencia Tributaria ha habilitado su sede electrónica para consultar información y presentar la declaración de manera sencilla. Para quienes prefieran atención presencial, será posible pedir cita previa en las oficinas de Hacienda a partir del 29 de mayo. Se recomienda revisar los datos fiscales antes de confirmar el borrador para evitar errores o posibles sanciones.

Los expertos aconsejan a los contribuyentes revisar todas las deducciones aplicables, ya que algunas, como las relacionadas con familia, vivienda o empleo, pueden reducir significativamente la cantidad a pagar. Con el inicio de la campaña, la Agencia Tributaria recuerda la importancia de cumplir con los plazos para evitar recargos o penalizaciones.

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En 2025, la Agencia Tributaria podría implementar una nueva medida que afectaría a los usuarios de pagos con tarjeta, tanto de crédito como débito, como parte de su esfuerzo por controlar el fraude fiscal. El Gobierno está desarrollando un real decreto que obliga a las entidades financieras a informar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre aquellos pagos realizados por sus clientes que superen los 25.000 euros anuales. La medida también abarcará pagos a través de otros medios electrónicos como tarjetas virtuales o monederos digitales.

Este cambio tiene como objetivo garantizar un control más exhaustivo de los movimientos financieros y evitar el uso de grandes sumas de dinero de manera no transparente. Las entidades bancarias serán las encargadas de presentar estos informes, sin que los usuarios tengan que realizar trámites adicionales. Cada informe anual deberá incluir un desglose de las operaciones realizadas, especificando tanto los importes como el número de transacciones realizadas y la identificación del titular de la tarjeta.

Aunque aún no se ha aprobado oficialmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que esta medida forma parte de un plan para reforzar el control de los pagos electrónicos. Se prevé que esta obligación entre en vigor en 2026, y que la primera declaración correspondiente cubra los datos de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2025. De aprobarse, esta reforma afectará a miles de usuarios de tarjetas en España, ampliando la vigilancia sobre los medios de pago electrónicos.

A pesar de la implicación de las entidades bancarias en el proceso, algunos expertos advierten que esta medida podría generar preocupaciones sobre la privacidad financiera de los ciudadanos. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que el objetivo principal es mejorar la lucha contra el fraude fiscal y asegurar una mayor transparencia en las transacciones económicas.

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El Ayuntamiento de Leganés, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Recuenco (PP), ha reafirmado su decisión de no aplicar la tasa de basuras durante este año 2025, a pesar de las advertencias del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien considera que esta postura podría tener consecuencias legales.

Argumentos del alcalde

Recuenco sostiene que la tasa no es un mandato obligatorio de la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, la localidad tiene margen para decidir su implementación. En un vídeo difundido recientemente, el alcalde aseguró:

“Ni vamos a aplicar para este año 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez ni tampoco vamos a subir ningún otro impuesto. Creemos en una fiscalidad baja y con eso aplicar el mejor de los servicios.”

Además, el alcalde exigió un plan nacional de infraestructuras y un estudio detallado de impacto antes de considerar la aplicación de la tasa. Según Recuenco, la directiva europea no obliga a los Estados miembros a implantar este tipo de impuestos, un argumento clave en su defensa.

Respuesta del delegado del Gobierno

Por su parte, Francisco Martín ha calificado esta postura como “insumisión” y ha pedido al Ayuntamiento que sea “responsable” y respete la ley:

“Es una ley vigente y de obligado cumplimiento, como son todas las normas en un Estado de Derecho.”

El delegado también señaló que resulta contradictorio que ayuntamientos del Partido Popular cuestionen esta normativa, dado que el propio PP no se opuso a la ley en su trámite parlamentario.

Comisión de estudio

En diciembre pasado, el Pleno del Ayuntamiento acordó crear una comisión de estudio para evaluar los posibles impactos de la tasa de residuos y determinar si es necesaria su aplicación. Sin embargo, el alcalde ha reafirmado que no se aplicará en 2025, al menos mientras no haya un análisis detallado de los costos y beneficios.

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La Comunidad de Madrid se mantiene al frente del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad en colaboración con la Tax Foundation de Estados Unidos. Con una puntuación de 7,24 sobre 10, Madrid encabeza este ranking por quinto año consecutivo, superando a otras regiones como Vizcaya (6,92), Álava (6,89) y Guipúzcoa (6,78), que ocupan las siguientes posiciones.

El informe aplaude las políticas fiscales madrileñas, que incluyen la deflactación de los tramos de renta y la mejora de las deducciones para familias numerosas. Sin embargo, los autores sugieren que Madrid podría mejorar aún más si redujera el tipo impositivo del primer tramo de la renta al 8%, alineándose con otras comunidades autónomas.

Andalucía se sitúa en la tercera posición del índice, con 6,44 puntos, seguida por Canarias (6,31) y Extremadura (6,22), esta última logrando un avance notable al escalar ocho posiciones respecto al año anterior. La Rioja también destaca con una subida de dos puestos, alcanzando el octavo lugar.

Por otro lado, Cataluña ocupa el último lugar del ranking con 4,52 puntos. El estudio señala que uno de los factores que impiden a Cataluña mejorar su competitividad fiscal es la persistencia de numerosos impuestos autonómicos, el doble que los que aplican otras comunidades.

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Las élites económicas recurren ante el Tribunal Constitucional para evitar pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, en una nueva batalla fiscal junto al PP

Este es el primer año en que las élites económicas de Madrid han tenido que pagar el Impuesto sobre el Patrimonio tras la imposición del ISGF por parte del Gobierno de España. Aunque este impuesto estaba vigente desde 2009, contaba con una exención del 100% que permitía a las grandes fortunas evitar su pago. Sin embargo, el Ejecutivo de Ayuso se vio obligado a restaurar el tributo para compensar la recaudación perdida.

Las impugnaciones, que comenzaron en verano y continuarán en septiembre, están siendo lideradas por despachos de abogados y expertos fiscalistas. Estas acciones buscan que el Tribunal Constitucional se pronuncie en 2024, ante la posibilidad de que el impuesto sea anulado o, al menos, se debiliten algunos de sus fundamentos legales.

El Partido Popular también ha recurrido esta medida, argumentando que podría vulnerar el principio constitucional de no confiscatoriedad y que el establecimiento de un impuesto permanente a través de los Presupuestos Generales del Estado podría ser defectuoso. No obstante, la validez de estos argumentos es cuestionada, ya que el Tribunal Constitucional ya avaló el ISGF anteriormente.

Las grandes fortunas madrileñas también han presentado otros argumentos en sus impugnaciones, como la posible violación del principio de reserva de la ley debido a las prórrogas continuas del impuesto mediante Reales Decretos-ley. A pesar de esto, algunos asesores dudan del éxito de estas reclamaciones, ya que recurrir podría tener consecuencias adversas, como la revisión de otros conceptos tributarios por parte del Ministerio de Hacienda.

Aunque el Tribunal Constitucional ya validó el ISGF, existen varias reclamaciones en curso que podrían llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por ello, los asesores continúan recomendando a las grandes fortunas que acudan a la Justicia, en la esperanza de que este órgano europeo ofrezca una interpretación favorable a sus intereses.

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