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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que España podría enviar militares españoles a una misión de paz en Ucrania, una vez que se alcance el cese de hostilidades en el país europeo. La declaración se produjo tras su participación en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en París, donde abordó tanto la reconstrucción del país como los aspectos de seguridad que requerirá el alto al fuego.

Sánchez explicó que el próximo lunes se reunirá con “la mayoría” de los grupos parlamentarios del Congreso para definir cuál debería ser la contribución española una vez finalice la guerra. El objetivo, según el presidente, es articular un paquete integral de apoyo que incluya ayuda humanitaria, reconstrucción de infraestructuras, incentivos económicos y medidas de seguridad, en coordinación con la Unión Europea y países aliados como Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa, Sánchez recalcó que España ha defendido desde el principio el acceso de Ucrania a la Unión Europea y reafirmó el compromiso del Gobierno en continuar apoyando al país tanto en la esfera política como económica. Además, destacó que la futura misión de paz debería tener un doble enfoque: reconstrucción civil y presencia militar, en línea con la experiencia española en operaciones de mantenimiento de la paz en otras regiones del mundo.

Al ser consultado sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas españolas, Sánchez señaló que España está dispuesta a colaborar con la paz en Europa tal como ha hecho en otras latitudes. “Si lo hemos hecho en otras partes del mundo, cómo no lo vamos a hacer en Europa”, afirmó, subrayando el compromiso del país con la seguridad regional y la estabilidad postconflicto. La reunión con los grupos parlamentarios marcará los próximos pasos para definir el alcance de la contribución española.

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Por tercer año consecutivo, España ha cerrado 2025 con un incremento notable del empleo, registrando 506.451 afiliados más a la Seguridad Social y consolidando el total de cotizantes en 21.844.414. Este crecimiento refleja una recuperación sostenida del mercado laboral, respaldada por la reorganización del trabajo y políticas de empleo que han favorecido tanto a trabajadores nacionales como extranjeros. La estadística sitúa el número de desempleados en 2.408.670, su cifra más baja desde 2008, con un paro juvenil de 176.852 menores de 25 años.

Entre los factores que han impulsado estas cifras destaca la afiliación femenina, que ha sumado 243.578 ocupadas más durante el último año, un crecimiento del 13,4% respecto al ejercicio anterior, superando en tres puntos al masculino. Además, la participación de trabajadores extranjeros ha sido significativa: 4 de cada 10 nuevos cotizantes tienen origen foráneo, representando 204.659 incorporaciones. También se observa un crecimiento en el empleo autónomo, con 39.002 nuevos trabajadores por cuenta propia, especialmente en sectores de alto valor añadido.

El análisis sectorial evidencia cambios en el modelo productivo español. En el Régimen General, el transporte y la logística destacan con un incremento del 6,89% y 61.209 nuevos ocupados, mientras que la ocupación disminuye en actividades domésticas con 10.966 bajas. Entre los autónomos, áreas tradicionales como el comercio pierden afiliación (-13.194), mientras que sectores como información y comunicación suman 9.030 nuevas altas (10,4%), y actividades inmobiliarias y suministros de energía eléctrica muestran avances del 8,23% y 7,59%, respectivamente.

A nivel territorial, la reducción del paro en diciembre se produjo en diez comunidades autónomas, con descensos significativos en Andalucía (-12.271), Comunidad Valenciana (-2.173) y Madrid (-1.504). Las cifras reflejan no solo la recuperación laboral sostenida sino también los desafíos de la desigualdad por género y origen. El Ministerio de Trabajo y Economía Social subraya la importancia de seguir promoviendo políticas que fortalezcan la inserción de mujeres y trabajadores extranjeros para consolidar un mercado laboral más inclusivo y resiliente.

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A partir del 1 de enero de 2026, la edad legal de jubilación en España se elevará hasta los 66 años y 10 meses para quienes no alcancen una larga carrera de cotización, en aplicación de la reforma de las pensiones de 2013, que estableció un aumento progresivo desde los 65 hasta los 67 años en un periodo de 15 años. Este cambio afectará a los trabajadores que planean retirarse el próximo ejercicio y obliga a revisar con antelación las condiciones personales de acceso a la pensión.

No obstante, la normativa mantiene una diferencia clave en función de los años cotizados. Aquellos trabajadores que acrediten 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse con el 100% de la pensión al cumplir 65 años. En cambio, quienes no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses, dos meses más que en 2025. Lo que no varía es el requisito mínimo para acceder a la pensión contributiva, que sigue siendo de 15 años cotizados, con al menos dos dentro de los 15 años previos a la jubilación.

En el ámbito de la jubilación parcial, la edad mínima dependerá de si existe o no contrato de relevo. Sin este contrato, la edad exigida será la ordinaria que corresponda en cada caso. Con contrato de relevo, desde 2026 se podrá acceder a los 63 años y 10 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses, o desde los 62 años cuando se acrediten al menos 33 años cotizados, lo que mantiene esta modalidad como una vía intermedia hacia la retirada definitiva.

Respecto a la jubilación anticipada, la Seguridad Social permite adelantar el retiro hasta 24 meses de forma voluntaria o hasta 48 meses si es involuntaria. En 2026, la jubilación anticipada voluntaria será posible desde los 64 años y 10 meses con menos de 38 años y 3 meses cotizados, o desde los 63 años en carreras más largas, siempre que la pensión resultante supere la mínima correspondiente. En los casos involuntarios, la edad mínima será de 62 años y 10 meses o 61 años, según cotización. Por el contrario, quienes opten por la jubilación demorada recibirán bonificaciones económicas, reforzadas tras la reforma vigente desde abril, que incrementa los incentivos por cada periodo adicional de retraso.

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Directivos de Deloitte declararon este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, estuvo presente en algunas reuniones relacionadas con la cátedra universitaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según las declaraciones prestadas ante el juez Juan Carlos Peinado, la asesora acompañó a Gómez en determinados encuentros con la consultora, aunque los testigos subrayaron que no tuvo un papel activo ni intervino en las decisiones tratadas.

Entre los comparecientes se encontraban el presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, así como otros dos cargos de la compañía, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, quienes acudieron en calidad de testigos. De acuerdo con fuentes jurídicas, Gravel confirmó que Álvarez asistió a alguna reunión y que la percibía como una colaboradora cercana de Gómez. Por su parte, Flórez afirmó que no mantenía relación personal con la esposa del presidente del Gobierno, aunque reconoció haberla saludado en una ocasión puntual, siempre según las mismas fuentes.

El magistrado Peinado citó a los representantes de Deloitte para esclarecer la relación de la consultora con la cátedra codirigida por Gómez, así como el desarrollo de una plataforma digital vinculada a dicha actividad académica. Además de las declaraciones, el juez solicitó a Deloitte y a otras empresas que aporten agendas, actas y documentación de las reuniones mantenidas en el marco del proyecto tecnológico alojado en el dominio transformatsc.org, asociado al ‘software’ universitario que centra parte de la investigación judicial.

Begoña Gómez figura como investigada por un total de cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. La causa se articula en torno a cuatro líneas de investigación principales, entre ellas la gestión de la cátedra y de dos másteres en la UCM, la supuesta apropiación del ‘software’ desarrollado, la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, quien igualmente está imputada. El avance de estas diligencias busca determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el entorno académico y profesional analizado.

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El Ministerio de Sanidad ha anunciado el inicio de las ayudas directas de hasta 100 euros destinadas a la financiación de gafas y lentillas para menores de 16 años, dentro del Plan VEO. La medida se puso en marcha este miércoles durante un acto en el que participó la ministra Mónica García, quien entregó de manera simbólica las primeras ayudas, destacando la importancia de garantizar el acceso a tratamientos ópticos que contribuyan a la salud visual infantil.

Para beneficiarse del plan, los menores de seis años deberán acudir primero a un profesional sanitario para obtener una prescripción, mientras que los mayores de seis años podrán acudir directamente a una de las 2.300 ópticas adheridas al programa para medir su corrección visual. Cada óptica que participe en el plan deberá contar con un cartel o señal identificativa, asegurando que las familias puedan localizar los puntos de acceso a estas ayudas de manera sencilla.

La ministra García agradeció la colaboración del presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas, Juan Carlos Martínez, destacando la coordinación entre el sector público y los profesionales del ámbito óptico. El Plan VEO cuenta con una dotación total de 47.775.000 euros para 2025 y 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura y garantizar que un mayor número de menores puedan beneficiarse de la iniciativa. Esta inversión busca prevenir problemas visuales tempranos y reducir desigualdades en el acceso a lentes correctivas.

La medida se complementa con programas autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, que desde julio de 2024 ofrece subvenciones de 55 euros por menor para la adquisición de gafas o lentes de contacto para niños de hasta 14 años. Este programa, que también cuenta con la colaboración del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, está vigente hasta 2025 y suma un total de 7,5 millones de euros, reforzando la estrategia nacional de prevención y cuidado de la visión infantil, especialmente ante el uso creciente de pantallas.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras las últimas informaciones conocidas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado la existencia de mensajes y referencias a citas que vinculan a Zapatero con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el proceso que culminó con la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea. Estos datos han reavivado el debate político y mediático en torno al papel del exmandatario.

Según la documentación incorporada a la investigación, los mensajes localizados por la UCO reflejan contactos mantenidos en fechas clave del rescate financiero, aprobado con fondos públicos para garantizar la viabilidad de la empresa. Estas revelaciones se suman a informaciones previas que situaron a Zapatero en una reunión privada con Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, apenas 72 horas antes de que este fuera detenido, un hecho que incrementó las sospechas sobre posibles intermediaciones o influencias en el proceso.

Las diligencias no atribuyen por el momento responsabilidad penal directa al expresidente, pero sí subrayan su presencia e interlocución en un contexto especialmente sensible, marcado por la gestión de recursos públicos y la supervisión de organismos estatales. La SEPI, encargada de canalizar el rescate, ha defendido en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y ha insistido en que la ayuda se concedió conforme a los criterios técnicos establecidos para empresas estratégicas afectadas por la crisis.

La aparición del nombre de Zapatero en los informes de la UCO ha vuelto a proyectar la sombra de la sospecha sobre una figura política con influencia activa en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Mientras la investigación continúa abierta, el caso refuerza el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos, la separación entre responsabilidades políticas pasadas y actuaciones presentes, y la necesidad de controles institucionales rigurosos en operaciones de rescate empresarial que tienen un impacto directo en las arcas del Estado.

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes dos nuevos asesinatos machistas, uno ocurrido en Valencia y otro en Tarragona, que elevan a 47 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.342 desde que comenzaron los registros oficiales en 2003. El anuncio se produce tras la verificación de ambos casos por parte del departamento que dirige Ana Redondo, en el marco del seguimiento permanente de la violencia contra las mujeres en España.

Según la información facilitada, la víctima de Valencia era una mujer de 48 años, presuntamente asesinada por su pareja tras una agresión registrada el sábado 6 de diciembre, aunque el fallecimiento se produjo finalmente el día 9. La mujer era madre de cuatro hijos, todos mayores de edad, y no constaban denuncias previas por violencia de género. En el caso de Tarragona, la víctima era una mujer de 36 años, presuntamente asesinada por su pareja el 8 de septiembre. Tenía cuatro hijos menores de edad y tampoco figuraban denuncias previas, una circunstancia que vuelve a poner el foco en la detección temprana de la violencia machista.

Con estos dos crímenes, septiembre acumula cuatro asesinatos por violencia de género y diciembre suma cinco en solo 15 días, lo que refleja una aceleración preocupante en el último tramo del año. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género asciende en 2025 a 35, y a 504 desde 2013, año en el que comenzaron a contabilizarse estos datos. A fecha 15 de diciembre de 2025, ya se ha registrado una víctima mortal más que en el mismo periodo del año anterior.

En paralelo, el Ministerio del Interior ha difundido datos del Informe sobre delitos contra la libertad sexual correspondientes a 2024, que refuerzan el diagnóstico de la violencia estructural contra mujeres y menores. Casi el 94 % de las víctimas de estos delitos son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93 % de las personas detenidas o investigadas son hombres. En total, se denunciaron 22.846 delitos, un 4,68 % más que el año anterior y un 66 % más que hace seis años. Estos datos subrayan la magnitud del problema y la necesidad de reforzar la prevención, la protección a las víctimas y la respuesta institucional, tanto en el ámbito de la violencia de género como en el de la violencia sexual.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un abono transporte único que entrará en vigor el próximo mes de enero, con un precio general de 60 euros mensuales. Este título permitirá viajar de forma ilimitada en servicios de cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, y será aprobado en el último Consejo de Ministros del año, junto a la prórroga de las ayudas vigentes al transporte público. El objetivo, según el Ejecutivo, es facilitar la movilidad diaria y reducir el coste del transporte para millones de ciudadanos.

Durante su comparecencia para presentar el informe de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’, Sánchez detalló que el abono contará con una tarifa reducida de 30 euros mensuales para jóvenes menores de 26 años, reforzando así el apoyo a este colectivo. El presidente subrayó que la iniciativa estará disponible desde enero y se integrará en el actual paquete de medidas destinadas a aliviar el impacto del coste de la vida, especialmente en los desplazamientos cotidianos por motivos laborales o educativos.

El jefe del Ejecutivo explicó que el nuevo abono supondrá un ahorro de hasta casi un 60 % para muchos usuarios frecuentes del transporte público. Como ejemplo, citó a trabajadores que se desplazan a diario entre Vigo y Santiago o entre Jerez y Sevilla, trayectos habituales en los que el gasto mensual se verá notablemente reducido. “Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”, afirmó Sánchez, destacando el alcance social de la medida.

El presidente recalcó que se trata de una “apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora”, al tiempo que hizo un llamamiento a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que se adhieran a la iniciativa. El objetivo es facilitar un acceso asequible y homogéneo al transporte público en todo el país, reforzando el uso de alternativas al vehículo privado y contribuyendo a la reducción de emisiones y a una mayor cohesión territorial.

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, director ejecutivo de la aerolínea, en una operación relacionada con presunto blanqueo de capitales. La actuación policial incluyó el registro de la sede de la compañía y se mantiene abierta mientras el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid continúa con la investigación bajo secreto de sumario, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.

La aerolínea se encuentra en el centro de la polémica desde que el Gobierno español otorgara un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia de COVID-19. El caso ya había sido investigado previamente por el mismo juzgado, que en enero de 2023 decidió archivar la causa por presuntas irregularidades en la concesión pública. En aquel momento, la jueza Esperanza Collazos señaló que los imputados carecían de capacidad de decisión, ya que la aprobación del rescate correspondía al Consejo de Ministros, estableciendo que no había base para declarar investigados a los responsables de la aerolínea.

La magistrada destacó que, con los datos disponibles, no era posible practicar nuevas diligencias y que la acción penal debía dirigirse únicamente a quienes tuvieran capacidad de decisión sobre la subvención. La resolución subrayaba que los representantes de Plus Ultra no ejercieron influencia sobre la decisión del Gobierno, reforzando la idea de que la responsabilidad legal recaía en el órgano ministerial que aprobó la ayuda económica.

El reciente arresto de Martínez y Roselli se produce en el marco de nuevas investigaciones que buscan determinar la posible comisión de delitos financieros relacionados con el manejo de los fondos públicos y la actividad económica de la aerolínea durante y después de la pandemia. La operación se encuentra en fase inicial, y se espera que las próximas diligencias aclaren el alcance de las actuaciones irregulares, así como la eventual responsabilidad penal de los directivos.

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