El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareció este martes ante la comisión de investigación de Les Corts para abordar su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 229 personas. Mazón evitó responder directamente a las preguntas de la oposición sobre su presencia durante la emergencia y centró su discurso en culpar al Gobierno central y a sus agencias, como Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la supuesta falta de información.

Durante su intervención, Mazón reconoció que fue informado de las inundaciones mientras se encontraba en una comida de cuatro horas, pero no aclaró por qué no modificó su agenda ni se comunicó con el alcalde de Utiel o con otros responsables locales. Según su relato, los servicios de emergencias de la Generalitat actuaron con la información disponible, activando alertas hidrológicas, enviando más de 22.000 SMS y más de 6.000 correos electrónicos, y cumpliendo con los protocolos autonómicos pese a la magnitud del fenómeno.

La comparecencia se produjo en un ambiente de tensión, con familiares de víctimas concentrados frente a Les Corts, que coreaban consignas críticas hacia Mazón. Algunos asistentes denunciaron sentirse desplazados a una sala apartada, siguiendo la sesión a través de pantallas. Representantes de partidos como PSPV-PSOE y Compromís criticaron la intervención, calificándola de insuficiente y de repetir una estrategia de excusas y ataques políticos en lugar de asumir responsabilidades.

El presidente en funciones insistió en que su papel personal no fue relevante y reiteró que la Generalitat asumió responsabilidades, incluida su dimisión, mientras que el Gobierno central, a su juicio, no cumplió con sus obligaciones. Sin embargo, la postura de Mazón fue cuestionada por la oposición y por las víctimas, que consideran que su comparecencia no aporta claridad sobre los hechos ni sobre su gestión durante las horas críticas de la tragedia.

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En las últimas semanas, las crecidas de varios ríos en la Comunidad de Madrid han provocado desbordamientos y caos en distintas localidades. Según el catálogo de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), hasta 375 zonas de la provincia están identificadas como áreas de riesgo de inundación. Las autoridades han tenido que realizar evacuaciones y rescatar a personas atrapadas por el aumento de caudales en ríos como el Tajuña y el Manzanares.

El desbordamiento del río Tajuña en Titulcia ha sido especialmente devastador, arrasando cultivos y generando pérdidas millonarias para los agricultores locales. Este tipo de desastres, que cada vez ocurren con mayor frecuencia, es atribuido al cambio climático y tiene un impacto directo en la vida humana, los bienes materiales y la economía. La Confederación Hidrográfica del Tajo advierte que el riesgo de inundaciones aumentará en las próximas décadas, a menos que se adopten medidas preventivas.

El informe de la CHT señala que las inundaciones son una de las catástrofes naturales más comunes en España, y aunque los desbordamientos pueden ser naturales, como las recientes crecidas de los ríos madrileños, el impacto puede reducirse significativamente. La CHT recomienda medidas como la construcción de elementos de defensa y el respeto a las zonas inundables, que frecuentemente han sido invadidas por construcciones humanas.

Expertos de la Cátedra del Tajo en la Universidad de Castilla-La Mancha recalcan la importancia de aprender a convivir con este fenómeno, destacando que, en muchos casos, se han permitido construcciones en zonas históricamente vulnerables a inundaciones, como las llanuras del río Manzanares.

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