La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles la creación de un centro de formación de pilotos, técnicos y desarrolladores de drones en La Cantueña (Fuenlabrada). El nuevo proyecto se enmarca en la Estrategia regional de drones, que contará con una inversión inicial de 15 millones de euros. Este centro se instalará en el mismo inmueble que actualmente funciona como centro de primera acogida para menores inmigrantes no acompañados, generando nuevas reacciones en una zona ya marcada por la controversia.

El objetivo de esta estrategia, según el Gobierno regional, es impulsar el empleo juvenil cualificado y favorecer el uso extendido de drones en sectores clave como logística, emergencias, medio ambiente y planificación urbana. Además del centro de formación, se prevé la creación de una red de helipuertos y aeropuertos exclusivos para drones, así como la implementación de una Ventanilla Única para facilitar los permisos de vuelo y reducir trámites burocráticos.

La iniciativa llega en un momento delicado para La Cantueña, donde actualmente se alojan cerca de 100 menores migrantes, aunque el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha advertido que el número podría ser mayor. En los últimos meses, el centro ha sido objeto de polémica por la disputa competencial entre el consistorio y la Comunidad de Madrid, así como por incidentes y reyertas reportadas en su interior. Críticos del proyecto advierten sobre el modelo de macro-centro y denuncian la falta de consenso local para su uso dual.

A pesar del contexto, la Comunidad defiende la medida como una oportunidad para que jóvenes madrileños accedan a empleos tecnológicos y de calidad, con formación específica y salidas laborales en un sector en auge. Además, el Gobierno autonómico promete apoyo a fabricantes de drones, startups tecnológicas y la creación de zonas de vuelo seguras coordinadas con organismos nacionales y europeos.

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El decreto de Urbanismo se basa principalmente en el expediente de reversión que estipula que el centro de La Cantueña debe volver a la administración local si se incumple el objetivo del convenio. Se espera que este expediente esté finalizado en el mes de junio.

Fuentes municipales indicaron que no se pueden iniciar las obras hasta que se resuelva el expediente y se determine la propiedad de las instalaciones. Además, precisaron que si la Comunidad de Madrid o la empresa no paralizan las obras, el Ayuntamiento tendrá que intervenir, posiblemente enviando a la Policía local.

La disputa entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada tomó un nuevo rumbo cuando el Gobierno regional presentó un recurso contencioso administrativo contra el decreto de paralización de las obras. En su recurso, la Comunidad solicitó como medida cautelarísima la suspensión de la norma municipal para que los trabajos pudieran continuar, según confirmaron fuentes autonómicas.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales defendió su recurso, argumentando que busca una medida cautelarísima para permitir la continuación de las obras del nuevo centro, en el cual se invertirán 6,9 millones de euros. Sin embargo, fuentes municipales afirmaron que aún no han recibido ninguna notificación del juzgado, por lo que los plazos para la paralización de las obras siguen vigentes. Además, insistieron en que la Comunidad de Madrid está incumpliendo el convenio de cesión del espacio de La Cantueña.

El Ayuntamiento, liderado por el alcalde Javier Ayala (PSOE), ha sido claro en su postura. Ayala ordenó el lunes pasado solicitar a la Comunidad de Madrid la anulación del acuerdo adoptado recientemente en el Consejo de Gobierno, argumentando que no se está cumpliendo con el objetivo del convenio original. Desde el Consistorio se reiteró que el decreto de paralización de la obra se originó en el expediente de reversión del suelo, el cual obliga a detener cualquier actuación mientras esté abierto.

La controversia en torno al macrocentro de menores en Fuenlabrada continúa desarrollándose, con posiciones firmes tanto por parte del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. La resolución del expediente de reversión y la decisión judicial sobre el recurso contencioso administrativo serán determinantes para el futuro de este proyecto. Mientras tanto, las obras permanecen en un estado de incertidumbre, reflejando la complejidad y la tensión de este conflicto entre las administraciones local y regional.

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