El Gobierno de España ha declarado la antigua Prisión Provincial de Madrid, conocida como Cárcel de Carabanchel, Lugar de Memoria Democrática, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El inmueble, construido entre 1940 y 1944 con el trabajo forzoso de un millar de presos republicanos, se convirtió en uno de los espacios más representativos de la represión franquista. Con esta decisión, el Ejecutivo busca preservar su legado histórico y rendir homenaje a las víctimas del régimen.

La declaración se produce en la misma semana en que también se han reconocido como Lugares de Memoria la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional madrileño, y la tapia de fusilamiento de La Almudena, ambos vinculados a episodios de la represión política durante la dictadura. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, subraya que Carabanchel fue “uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria”.

El Gobierno destaca que por las celdas de la prisión pasaron miles de hombres y mujeres perseguidos por su ideología, actividad sindical, orientación sexual o condición social, convirtiéndose en un espacio donde coexistieron “represión, adoctrinamiento y resistencia”. Aunque hoy solo se conservan elementos como el pórtico de entrada y el antiguo hospital penitenciario, el Ejecutivo considera que su significado histórico trasciende su materialidad, al representar tanto el sufrimiento de las víctimas como la resistencia y solidaridad que surgieron tras sus muros.

La declaración como Lugar de Memoria Democrática implicará acciones de conservación, difusión y homenaje. Además, se prevé la creación de un centro memorial en el espacio, dedicado al conocimiento y la divulgación de la represión franquista y los derechos humanos. Estas medidas buscan ofrecer un enfoque pedagógico y reparador, reafirmando el compromiso institucional con la memoria histórica y democrática.

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Un grave accidente de tráfico ocurrido la tarde del miércoles en el distrito madrileño de Carabanchel dejó un saldo de cinco personas heridas, dos de ellas en estado potencialmente grave. El siniestro involucró a una ambulancia del Summa 112, que se dirigía a una emergencia, y un vehículo patrulla de la Policía Municipal. La colisión se produjo en la avenida de la Lusitana, a la altura de la calle Halconero del Rey, alrededor de las 20:00 horas.

Según los primeros indicios, la ambulancia circulaba con los rotativos activados cuando colisionó con el coche policial. Tras el impacto, la UVI móvil salió despedida, golpeó un semáforo y acabó empotrada contra un árbol en la mediana. Dos sanitarios, el conductor y el técnico de emergencias, resultaron heridos graves y fueron trasladados por otra ambulancia al hospital. La enfermera que les acompañaba sufrió heridas leves.

También fueron trasladados al Hospital de Asepeyo los dos agentes de la Policía Municipal que ocupaban el coche patrulla. Ambos presentan lesiones de carácter leve, según informaron fuentes del Samur-Protección Civil. El coche policial quedó con fuertes daños en uno de sus laterales, mientras que la ambulancia presentaba un parabrisas destrozado y su parte frontal completamente deformada.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar para colaborar en las labores de rescate y asegurar la zona. La Policía Municipal ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque se confirmó que el vehículo de emergencias estaba respondiendo a un aviso urgente en el momento del choque.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años de cárcel a Marta C.H. por el asesinato de Pilar, la presidenta de su comunidad de vecinos en Carabanchel, cuyo cadáver fue quemado y arrojado a una escombrera en Toledo. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, establece penas de 20 años por asesinato, 1 año y 9 meses por falsedad documental, y 4 meses por profanación de cadáver.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2023, cuando Marta acudió a su vivienda para finalizar una mudanza y mantuvo una discusión con la víctima por impagos. En su declaración, afirmó que Pilar se cayó y se golpeó en la cabeza accidentalmente. Sin embargo, el tribunal ha considerado probado que Marta la golpeó intencionadamente, posteriormente ocultó el cuerpo en una maleta, lo trasladó a Toledo y lo quemó.

Durante el juicio, la defensa argumentó que se trató de un homicidio imprudente, mientras que la acusación particular sostuvo que hubo premeditación. La Fiscalía solicitaba 13 años de prisión, pero la familia de la víctima pedía 28 años, al considerar el crimen un asesinato. Finalmente, la Audiencia Provincial dictaminó que existió intención de matar, lo que agravó la condena.

El informe forense descartó que la condenada padezca algún trastorno mental o de personalidad, describiéndola como una persona «fría, hostil y egocéntrica». Esta sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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La Policía Nacional ha desmantelado una clínica clandestina en el distrito de Carabanchel, Madrid, donde se realizaban intervenciones quirúrgicas en condiciones insalubres. Entre las cirugías practicadas se incluían aumentos de pecho, liposucciones y ligaduras de trompas sin la debida titulación. Los agentes han clausurado el quirófano ilegal, que se encontraba oculto tras la trastienda de una aparente clínica estética.

Durante la operación, se descubrió un congelador con medicamentos caducados y material sanitario almacenado junto a alimentos, lo que suponía un grave riesgo sanitario. Además, el quirófano clandestino estaba conectado con la vivienda de una de las cuatro detenidas. Según el jefe de la UDEV Central de la Policía Nacional, José Ángel González Morán, en el lugar también se hallaron heces y animales sueltos, lo que evidencia las condiciones deplorables en las que se realizaban las operaciones.

Las investigaciones han revelado que al menos dos mujeres han requerido atención hospitalaria urgente tras someterse a estos procedimientos, una de ellas quedando ingresada durante varios días. La Policía advierte sobre los peligros de acudir a personal no cualificado para este tipo de tratamientos y mantiene abierta la investigación para identificar posibles nuevas víctimas.

Para aquellas personas que sospechen haber sido afectadas, la Policía Nacional ha habilitado el teléfono de denuncia 628711298.

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El lunes 10 de febrero de 2025, la Policía Nacional intervino en varios locales de Carabanchel que operaban como ‘afters’ ilegales, causando inquietud entre los vecinos. Estos establecimientos, que habían sido denunciados por el vecindario debido a ruidos molestos y altercados frecuentes, funcionaban fuera de los horarios permitidos y sin las licencias correspondientes para actividades nocturnas.

El operativo consistió en la inspección de dos locales donde, según las autoridades, se realizaban actividades propias de un bar nocturno a pesar de estar registrados como cafeterías. Durante las intervenciones, se llevaron a cabo registros exhaustivos tanto de los establecimientos como de los clientes. En uno de los locales se encontró droga sintética en poder de una joven, quien además llevaba una gran cantidad de dinero en efectivo, lo que motivó su detención.

En otro local, los agentes identificaron y cachearon a varias personas presentes, buscando armas y sustancias ilegales. En este caso, se impuso una sanción por desobediencia a un hombre que se mostró renuente a colaborar con las autoridades. Además, agentes municipales colaboraron en la operación, multando por el exceso de ruido en los establecimientos inspeccionados.

Este operativo pone de manifiesto el firme compromiso de las fuerzas del orden con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La Policía Nacional reitera la importancia de mantener la colaboración con los residentes para erradicar actividades ilegales que afectan la tranquilidad de la comunidad. Las autoridades han asegurado que continuarán con la vigilancia y las intervenciones en la zona para garantizar un entorno seguro para los habitantes de Carabanchel.

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Uno de los afectados, de 45 años, presentaba quemaduras en el rostro y problemas respiratorios, siendo trasladado al Hospital de La Paz. El segundo, de 43 años, sufrió quemaduras en brazo y mano y fue ingresado en el Hospital de Getafe. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid sofocaron las llamas y revisaron la vivienda, mientras la Policía Municipal escoltó a los heridos durante su traslado.

Este no es el único incendio reciente en Carabanchel, que ha sido escenario de varios siniestros este mes, incluido uno el 13 de enero que dejó a una anciana en estado grave y otro el 4 de enero con 23 personas afectadas por inhalación leve de humo.

Por otro lado, ayer domingo se produjo otro incendio en un garaje en Sanchinarro, distrito de Hortaleza, donde un vehículo de combustión ardió en la planta -3 de un edificio de viviendas. Aunque el fuego afectó a vehículos cercanos, no hubo heridos ni intoxicados gracias a la rápida intervención de los bomberos.

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Un enfrentamiento violento tuvo lugar en la urbanización de lujo del PAU de Carabanchel Alto, donde okupas hicieron frente a los integrantes de una empresa de desokupación contratada por la promotora Vivenio para desalojarlos de los 28 pisos usurpados. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre, cuando un grupo de 10 miembros de la empresa trató de negociar con los okupas, llegando incluso a ofrecer dinero para que abandonaran las viviendas.

Sin embargo, los okupas rechazaron la oferta y se enfrentaron a los «gorilas» de la empresa de desokupación utilizando cinturones, palos y otros objetos. En la trifulca, uno de los vigilantes resultó herido, y los okupas denunciaron haber sido rociados con gas pimienta. Algunos acudieron a la Policía para denunciar agresiones.

La urbanización, situada en la calle Excelente número 6, es un edificio de nueva construcción que ofrece viviendas de 1 y 2 dormitorios en alquiler con zonas comunes de alta calidad, como piscina, parque infantil, pista de pádel, gimnasio, azotea panorámica y áreas gastro. Según la promotora, estas viviendas, diseñadas para un estilo de vida moderno, están disponibles a partir de 875 euros al mes para pisos de un dormitorio y 1.135 euros al mes para los de dos dormitorios.

Origen de la macrookupación

La macrookupación ocurrió en diciembre, cuando cerca de 30 familias peruanas ocuparon los pisos tras pagar entre 2.000 y 3.000 euros a una mafia que presuntamente ofrecía las viviendas a través de internet y en un comedor social del barrio. Las familias ocuparon los pisos cambiando cerraduras y trasladando sus pertenencias en furgonetas. Según los vecinos legales, los okupas generan ruidos, peleas y problemas de convivencia, además de contar con su propio conserje.

Medidas de la promotora

La empresa Vivenio ha reforzado la vigilancia, instalado alarmas en los pisos vacíos y desactivado algunos ascensores, además de presentar las correspondientes denuncias ante la Policía. Hasta el momento, no se han producido detenciones, mientras las autoridades continúan investigando el caso.

Desokupa desmiente su implicación en el enfrentamiento de Carabanchel

La empresa Desokupa ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales desmintiendo cualquier implicación en los recientes enfrentamientos ocurridos en la urbanización de lujo de Carabanchel Alto, donde okupas hicieron frente a los vigilantes de una empresa de desokupación contratada por la promotora Vivenio.

En el mensaje, Desokupa asegura que «no hemos sido nosotros», y califica de «mentira» la información difundida por algunos medios, a los que calificó como «medios zurdos». Además, destacaron que una operación de esta envergadura, que involucra 28 pisos okupados, «no la hace cualquier empresa», y concluyen con un tono irónico: «Si nos necesitan, que nos llamen».

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Una urbanización del PAU de Carabanchel ha sido escenario de una macrookupación que afecta a 28 viviendas aún sin estrenar. Según testimonios recogidos, los inmuebles habrían sido «vendidos» por un supuesto clan a familias peruanas por 2.000 euros, mientras estas esperaban en la cola de un comedor benéfico del barrio. El caso ha generado preocupación entre los vecinos, muchos de los cuales prefieren no hablar por temor a represalias.

Una residente relató que los hechos comenzaron durante el puente de la Constitución. «De repente vimos que había muchos pisos alquilados, pero no era eso. Fue un fallo de seguridad y se colaron en 28 pisos», explicó.

La situación ha creado tensión en la urbanización. Según la misma fuente, la promotora inicialmente mostró interés en abordar el problema, pero en las últimas semanas no ha respondido a los avisos de peleas y conflictos. «Solo nos han bajado 100 euros para que nos callemos», añadió la vecina.

El caso pone de manifiesto el problema de la okupación ilegal y las dificultades que enfrentan las comunidades y promotoras para resolver estas situaciones. Por el momento, no se ha informado de medidas legales o policiales relacionadas con este incidente.

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La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un apuñalamiento múltiple que dejó a un conductor herido grave en Carabanchel. El detenido, un hombre de 28 años con un amplio historial delictivo que incluye varias órdenes de búsqueda y captura, fue localizado en la madrugada de este viernes en casa de un amigo, en la misma zona donde ocurrió el incidente.

El apuñalamiento tuvo lugar el miércoles por la tarde en la calle Arquitectura de Tarragona. La víctima, un hombre de 34 años, estaba esperando a su hija en su vehículo, un BMW blanco, que ocupaba una plaza de aparcamiento para minusválidos. El presunto agresor, que afirmaba tener derecho a dicha plaza, comenzó a insultar al conductor y, al no recibir respuesta, salió de su casa empuñando un cuchillo de grandes dimensiones y le asestó varias puñaladas.

Los testigos, incluida la mujer que acompañaba a la víctima, alertaron a los servicios de emergencia tras ver el ataque. La víctima logró arrancar su coche y condujo unos metros antes de desplomarse en la confluencia de la avenida de la Peseta con la calle de Quart de Poblet. Aunque fue asistido por los agentes de la Policía Municipal y Nacional que llegaron al lugar, el conductor sufrió varias heridas en el cuello, mano y muñeca y fue trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado potencialmente grave, aunque no se teme por su vida.

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El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al proyecto de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que prevé la construcción de 600 viviendas, de las cuales el 30% estarán destinadas a protección pública. La vicealcaldesa, Inma Sanz, anunció que la iniciativa, impulsada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, se desarrollará en tres etapas y será supervisada por el Área de Obras y Equipamientos del Consistorio.

Los terrenos abarcan una superficie de 172.143 metros cuadrados, donde se destinarán 46.085 metros cuadrados a viario, 23.461 metros cuadrados a zonas verdes y 56.532 metros cuadrados a usos dotacionales. Entre estos últimos, se prevé la construcción de un hospital, espacios educativos y servicios públicos como una comisaría y un centro de internamiento para inmigrantes.

Además de las 600 viviendas, el plan contempla 9.697 metros cuadrados para uso terciario y 34.329 metros cuadrados para uso residencial con comercios en planta baja. De las viviendas, se estima que 410 serán libres y 190 protegidas, contribuyendo así a atender las necesidades de la población en un área con carencias habitacionales.

El proyecto incluye también mejoras en la infraestructura, como la instalación de servicios básicos y un diseño de red viaria que favorece la gestión de aguas pluviales, asegurando que las nuevas instalaciones se integren adecuadamente en el entorno urbano.

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