Los vecinos y vecinas del barrio de Zarzaquemada ya pueden celebrar la mejora en la visibilidad de sus calles. Todo ello gracias a la denuncia vecinal, el buzón de peticiones de ‘El Objetivo Santana’ y la rápida actuación del ayuntamiento.

Imagen de ‘El Objetivo Santana’ mostrando la presencia de los cubos de basura.

Hace semanas, ‘El Objetivo Santana’ -dirigido por la periodista de Leganés Rocío Santana- recibía varias quejas de los vecinos a través de su buzón ciudadano. Estos denunciaban y alertaban sobre un problema de falta de visibilidad en el cruce de dos calles del barrio: la calle Alcudia y la calle La Rioja. En este punto, donde existe un ceda el paso, la visibilidad se veía seriamente comprometida por la ubicación de varios contenedores de basura en su esquina.

El Objetivo Santana recogió el malestar de los vecinos y se puso en contacto con el Ayuntamiento. Trasladó estas preocupaciones a Carlos Delgado, primer teniente de alcalde y concejal delegado de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras, Patrimonio y Presidente de la Junta de Distrito de Zarzaquemada. Tras ello, la actuación del gobierno local no se hizo esperar, y tal y como mostró la periodista Santana, los contenedores han sido retirados, mejorando así la visibilidad, pero también la seguridad en este cruce.

Imagen de ‘El Objetivo Santana’ mostrando la retirada de los cubos de basura.

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En el barrio de San Nicasio de Leganés, varios locales comerciales ubicados en las galerías han sido transformados en 26 apartamentos residenciales, un proceso que ha generado inquietud entre los vecinos. La situación plantea un nuevo escenario para la zona, históricamente caracterizada por su tejido de pequeño comercio, que ahora se ve reducido con la desaparición progresiva de establecimientos.

Los residentes del barrio expresan su preocupación por la posible pérdida de comercio local, al considerar que estos espacios han sido un punto de encuentro y dinamización social durante décadas. “Lo que más nos preocupa es que se queden sin tiendas de proximidad, porque eran parte de nuestra vida diaria”, señalan algunos vecinos. Además, ante la llegada de nuevos residentes a los apartamentos, reclaman un refuerzo en los servicios públicos, como transporte, limpieza y equipamientos sanitarios y educativos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés ha aclarado que todas las transformaciones de locales en viviendas cuentan con la licencia correspondiente y cumplen la legislación vigente. Según fuentes municipales, el consistorio no puede impedir estas actuaciones siempre que respeten la normativa urbanística y de habitabilidad. En este sentido, recuerdan que la ciudad, como muchas otras del sur de Madrid, atraviesa un proceso de adaptación a la alta demanda de vivienda.

El debate abre un nuevo frente entre la necesidad de vivienda asequible y la preservación del comercio local, que aporta vida a los barrios. Mientras unos vecinos defienden la importancia de garantizar el acceso a pisos en una ciudad con precios al alza, otros insisten en que la transformación de locales debilita la identidad comercial de San Nicasio. El reto, según coinciden varios colectivos vecinales, está en encontrar un equilibrio que permita acoger a los nuevos habitantes sin dejar atrás la esencia del barrio.

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Los vecinos de un edificio en San Cristóbal de Los Ángeles y del Sector 3 de Getafe viven una situación insostenible debido a una plaga de mosquitos que se ha intensificado en los últimos meses. Según denuncian, el origen del problema está en la rotura de una tubería de aguas fecales, que ha inundado los bajos del inmueble, generando humedad y acumulación de agua estancada, un escenario ideal para la proliferación de insectos.

Las quejas de los residentes son constantes. “No podemos dormir, porque te están zumbando al oído toda la noche”, explica Rocío, una de las afectadas. La vecina, además alérgica a las picaduras, asegura que su estado de salud se ha deteriorado: “Tengo la cara llena de marcas y heridas”. Otros residentes señalan que, pese a la intervención de poceros, el problema persiste porque la tubería sigue rota y el permiso municipal para las obras no se ha concedido desde que se solicitó en marzo.

El malestar no se limita al impacto inmediato de los mosquitos. Los habitantes advierten que la estructura del edificio podría estar en riesgo si la humedad continúa afectando a los cimientos. “Tengo la casa llena de humedades, huele mal, y los insectos no cesan. Matas a uno y aparecen cinco más”, relata otra vecina, evidenciando la desesperación que viven las familias día y noche.

Ante esta situación, los residentes reclaman una solución urgente por parte del Ayuntamiento. Piden acelerar la autorización para reparar la tubería y adoptar medidas temporales de desinfección y control de plagas que les permitan recuperar la normalidad. Mientras tanto, su vida cotidiana se ve marcada por la incomodidad, la falta de descanso y la preocupación por el deterioro de las condiciones de habitabilidad en sus hogares.

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Esta pasada madrugada, los bomberos de Madrid localizaron el cuerpo sin vida de un hombre sepultado bajo los escombros del bar Mis Tesoros, en Puente de Vallecas, que sufrió una explosión de gas el sábado. La víctima, un varón de 52 años, fue hallada tras una intensa búsqueda junto a la unidad canina de la Policía, debajo de más de un metro de escombros.

El incidente dejó inicialmente 25 heridos, de los cuales tres se encuentran graves y dos en estado potencialmente grave. La detonación también afectó los pisos del edificio sobre el bar, obligando al desalojo completo de las nueve viviendas del bloque. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, aseguró que algunos vecinos podrían necesitar realojamiento temporal debido a los daños estructurales.

El PSOE ha expresado su preocupación por la seguridad de las instalaciones de gas en la ciudad y ha reclamado una investigación exhaustiva para evitar nuevos accidentes. Según la portavoz socialista, es urgente que el Ayuntamiento establezca protocolos más estrictos de inspección y mantenimiento en locales comerciales y residencias, garantizando así la protección de los ciudadanos. La formación también destacó la importancia de ofrecer apoyo psicológico a las familias afectadas, coordinándose con SAMUR-Protección Civil.

El jefe de Bomberos, Carlos Marín de la Bárcena, confirmó que la causa de la explosión estuvo relacionada con gas, aunque aún no se ha determinado el tipo exacto ni el origen del escape. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de Samur Social, continúa valorando la integridad del inmueble y ofreciendo alternativas habitacionales a los vecinos afectados. La tragedia ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la prevención y la seguridad urbana, un punto que el PSOE ha señalado como prioritario en futuras políticas locales.

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El Ayuntamiento de Leganés no podrá abonar por el momento más de 9 millones de euros en sentencias, facturas de proveedores, consumo energético y tributos de gestión de residuos, después de que la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) votara en contra de las propuestas presentadas en un pleno extraordinario convocado por el equipo de Gobierno (PP-ULEG).

Las iniciativas incluían hasta seis expedientes de modificación presupuestaria, entre ellos el pago de sentencias laborales por valor de 383.887,97 euros, facturas de proveedores por 1,7 millones, la tasa de gestión de residuos de la mancomunidad del Sur por 4,4 millones, así como facturas de suministro energético que superaban los 2,6 millones de euros en total. Ningún grupo de la oposición tomó la palabra durante la sesión para justificar su voto, lo que ha generado críticas desde el Ejecutivo local.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, calificó la decisión como un “chantaje político” y advirtió de que el bloqueo puede provocar “intereses de demora, sanciones y un daño grave a la imagen institucional”. Recuenco reprochó a la oposición que utilice los pagos comprometidos como herramienta de presión: “Lo que está en juego no es una ideología, sino el buen funcionamiento de los servicios públicos y el respeto a la legalidad”.

En la misma línea, el primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, criticó especialmente el voto negativo de Vox, recordando su lema sobre la defensa de “la España que madruga”: “Hoy era un magnífico día para pagar a proveedores y autónomos. Debe ser que a Vox Leganés no le importan los proveedores de la España que madruga”. Por el momento, el Ayuntamiento deberá buscar nuevas vías para afrontar estos pagos pendientes, mientras crece la incertidumbre sobre las repercusiones financieras del bloqueo político.

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El Ministerio de Consumo ha identificado 15.204 viviendas turísticas sin licencia en Madrid y ha instado al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida a eliminar los anuncios de estos alojamientos en plataformas digitales. Según los datos de la Unidad de Análisis de Consumo, en la capital hay 16.335 anuncios de pisos turísticos, mientras que el consistorio solo ha concedido 1.131 licencias.

El Ministerio ha enviado un informe detallado con la ubicación exacta de estas viviendas y datos que permiten identificar a los propietarios. Para el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la situación es «muy preocupante» y afecta gravemente al acceso a la vivienda y a la expulsión de residentes de sus barrios. Además, ha recordado que ciudades como Barcelona e Ibiza han implementado medidas efectivas para frenar esta situación.

El Ayuntamiento de Madrid ya reconoció en octubre de 2024 la existencia de 14.000 pisos turísticos ilegales y atribuyó el problema a la falta de regulación estatal. Almeida ha reclamado que el Gobierno central inste a la Unión Europea a prohibir la comercialización de viviendas sin licencia en plataformas digitales.

Desde la oposición, Rita Maestre (Más Madrid) ha exigido a Almeida que se reúna con Airbnb y elimine los anuncios ilegales. Asimismo, ha solicitado que el Ayuntamiento sancione y cierre estos pisos para devolverlos al mercado residencial. Mientras tanto, Consumo continúa con su plan de expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos y plataformas que incumplan la normativa.

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Según los residentes, los trasteros presentan humedades, plagas y deficiencias estructurales, lo que supone un riesgo para la salud y la seguridad. Además, denuncian la falta de transparencia en las acciones acometidas en el edificio y critican que, mientras ellos cumplen con sus obligaciones fiscales, la EMV no paga el IBI al Ayuntamiento.

Desde el partido Vecinos por Rivas Vaciamadrid, han exigido a la administración local una solución inmediata y mayor acceso a la información sobre la gestión de la EMV. «Es inadmisible que los vecinos tengan que vivir en estas condiciones mientras se presume de buena gestión», expresaron en un comunicado.

El problema ha generado un creciente malestar en la comunidad, que pide apoyo ciudadano para visibilizar la situación y presionar a las autoridades. Mientras tanto, esperan una respuesta oficial que garantice la seguridad y el bienestar de los afectados.

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El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha aprobado este miércoles los presupuestos municipales para 2025, que ascienden a 14,5 millones de euros, garantizando una gestión equilibrada entre ingresos y gastos. Las cuentas refuerzan el compromiso del municipio con la conservación urbana, los servicios públicos y el apoyo a la comunidad.

El 43% del presupuesto de gastos se destinará a conservación y sostenibilidad, mientras que el 19% irá a bienestar social, empleo y desarrollo económico. Además, se asignará un 15% a seguridad, tráfico y protección civil, un 11% a administración general y un 7% a educación, cultura y deportes.

En cuanto a los ingresos, la mayor parte provendrá de las aportaciones de la Comunidad de Madrid (32%), seguidas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con un 24%, las transferencias del Gobierno de España (16%), y las tasas municipales (11%).

Con estos presupuestos, el Ayuntamiento busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, asegurando una gestión responsable y sostenible de los recursos municipales. Para más información, los ciudadanos pueden visitar la web oficial del Ayuntamiento: www.sevillalanueva.es.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista de Leganés contra el alcalde Miguel Ángel Recuenco por aprobar ocho modificaciones presupuestarias de 34 millones de euros sin someterlas a aprobación del Pleno. La solicitud del PSOE incluye una medida cautelar de suspensión de dichas resoluciones, la cual también ha sido admitida por el tribunal.

El conflicto comenzó cuando el alcalde llevó las modificaciones presupuestarias a la Comisión Informativa y convocó una sesión plenaria el pasado 30 de agosto. Sin embargo, según el PSOE, Recuenco cerró el Pleno antes de debatirlas y posteriormente publicó la aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) sin pasar por la votación del Pleno, argumentando falta de alegaciones.

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Márquez, afirmó que esta acción «coarta las funciones del Pleno como máximo órgano de control y participación en el Ayuntamiento» y acusó al equipo de gobierno de «manipular la institución a su antojo», calificando esta acción de «prevaricación». Según el PSOE, esta decisión constituye una infracción de las competencias del Pleno en una práctica que consideran inusual y antidemocrática.

El Ayuntamiento defiende la legalidad de sus modificaciones presupuestarias y acusa al PSOE de intentar bloquear la gestión local.

El Ayuntamiento de Leganés ha respondido al recurso interpuesto por el PSOE local, en el que solicita medidas cautelares para suspender pagos a proveedores y otros compromisos financieros. Desde el consistorio se subraya que este recurso, admitido únicamente a trámite, no implica paralización de proyectos en curso ni de las obligaciones financieras del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos municipales ya están preparando la respuesta y el expediente solicitado por el tribunal.

El Gobierno municipal ha criticado duramente esta acción del PSOE, al que acusa de buscar un bloqueo de la ciudad desde la oposición. Según el Ayuntamiento, el recurso pretende frenar el pago de deudas a proveedores, el abono de tasas de extinción de incendios y la tasa de gestión de residuos con la Mancomunidad del Sur. “El PSOE tenía Leganés paralizado cuando gobernaba, y ahora quiere bloquearlo desde la oposición,” afirmó el alcalde, Miguel Ángel Recuenco.

El Ayuntamiento asegura que todas las modificaciones presupuestarias tienen respaldo legal, avalado por informes técnicos y la asesoría jurídica del consistorio, destacando que seguirán adelante con las obras y servicios en curso. Según el Gobierno local, el PSOE ha rechazado varias propuestas municipales, como la renovación de instalaciones deportivas y ayudas a instituciones educativas.

Desde el consistorio se añade que, además de defender la gestión actual ante el tribunal, el Ayuntamiento está considerando solicitar acciones legales en respuesta a lo que califican como una «estrategia de bloqueo» por parte del PSOE de Leganés.

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El plan intensivo «barrio a barrio» refuerza la limpieza y conservación de calles y espacios verdes en diversas zonas del municipio.

Estas actuaciones forman parte del plan de limpieza intensivo «barrio a barrio», cuyo objetivo es mantener la ciudad en óptimas condiciones y mejorar el estado de los espacios públicos. Las labores incluyen desbroce, limpieza manual y mecánica de aceras, baldeo de calzadas, y limpieza de fachadas, contenedores y papeleras. Este plan responde a las demandas vecinales y se suma a las acciones ya realizadas en otras zonas del municipio, como Río Tormes, Reyes Católicos y Plaza del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Móstoles continuará con estos trabajos en diferentes zonas del municipio para asegurar que las aceras, calzadas y mobiliario urbano de los cinco distritos estén en las mejores condiciones para el disfrute de los vecinos.

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