La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha tomado esta decisión porque no se había podido entregar la citación a uno de los investigados citados para este lunes. Tampoco se pudo tramitar una videoconferencia prevista para el martes en los juzgados de Sevilla. El novio de Ayuso estaba citado a declarar por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación con un supuesto fraude fiscal de 350.951 euros que le atribuyen la Fiscalía de Madrid y la Agencia Tributaria.

Alberto González Amador llegó sobre las diez de la mañana a los juzgados de manera discreta para evitar ser captado por los medios de comunicación. Fuentes jurídicas indican que habría cambiado su imagen al llevar el pelo más corto y sin barba, lo que hizo que los periodistas que le esperaban no se percataran de su presencia. González Amador se enfrenta a la acusación de haber cometido dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. La Fiscalía comenzó a investigar estos hechos tras un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”. Según la denuncia del fiscal, se trataba de “gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021”. Además, se le atribuye un presunto delito de falsedad en documento mercantil por haber aportado facturas falsas.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que, supuestamente, “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”. Estas conductas están tipificadas como “delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”. Tras el retraso de ayer, habrá que esperar hasta el 24 de junio para que González Amador declare. La pareja de Ayuso podría entonces defender su inocencia o reconocer los delitos de los que se le acusa, conforme al acuerdo de conformidad propuesto por su defensa, en el que planteaba asumir ocho meses de cárcel, cuatro por cada delito fiscal.

Antes de esa fecha, González Amador tendrá que ratificar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos. Esta querella se refiere al comunicado difundido en el que se daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos al caso de fraude fiscal. Esta otra cita judicial está prevista para el próximo viernes, 24 de mayo.

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Esta afirmación del empresario está plasmada en la querella que ha presentado contra el fiscal del caso y la jefa de la Fiscalía de Madrid. En dicha querella, González Amador expone que su abogado se puso en contacto con la Fiscalía inmediatamente después de enterarse de la apertura de una investigación en su contra. La razón de esta acción, según el abogado, fue la preocupación de que su relación sentimental con la presidenta madrileña pudiera sesgar el proceso judicial en su contra.

El conflicto se desató tras una serie de informaciones publicadas por varios medios, donde se sugería que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, pero luego fue instada a retirarlo y presentar una querella contra él. Sin embargo, la querella presentada por el empresario revela que el primer contacto lo inició su abogado el 2 de febrero, proponiendo llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Ante el revuelo causado por estas acusaciones, el Ministerio Público emitió una nota de prensa desmintiendo las afirmaciones de González Amador y proporcionando una secuencia cronológica de los contactos mantenidos con la defensa, antes y después de la presentación de la querella. Como respuesta, el empresario se querelló contra los fiscales, acusándolos de revelación de secretos.

Este entramado de acusaciones y contradicciones arroja luz sobre un complejo escenario legal y mediático en el que se ven envueltos personajes prominentes del ámbito político y empresarial de España.

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Durante la pandemia, el empresario del ámbito sanitario obtuvo ingresos considerables, principalmente por intermediar en la venta de mascarillas, pero luego empleó facturas falsas para evadir impuestos. Este fraude ascendió a más de 350.000 euros en dos años.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, filtró información errónea a varios medios, indicando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y luego lo había detenido por órdenes superiores. Posteriormente, la Fiscalía de Madrid desmintió esta versión en un comunicado, explicando que fue el abogado de González Amador quien propuso llegar a un acuerdo, admitiendo los delitos fiscales.

Según informes, la defensa de González Amador ha presentado acciones penales contra la Fiscalía por considerar la divulgación del comunicado como una revelación de secretos delictiva, atribuyendo la responsabilidad tanto al fiscal del caso como a la fiscal jefe de Madrid. La querella se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la decisión recae en su presidente, Celso Rodríguez Padrón.

La publicación del comunicado por parte de la Fiscalía, después de la filtración de información errónea sobre el caso, ha generado acciones legales por parte del Colegio de Abogados de Madrid, que han sido trasladadas al juzgado de instrucción número 28 de la Plaza de Castilla de Madrid para su evaluación.

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