La seguridad ambiental está en riesgo en la Comunidad de Madrid tras el sabotaje de 16 bases forestales durante la huelga indefinida que mantienen las Brigadas Forestales. En plena temporada de alto riesgo por incendios, los actos de protesta han afectado gravemente a instalaciones esenciales para la respuesta de emergencia.

Según fuentes del Gobierno regional, los daños incluyen la colocación de pitones metálicos en puertas, cerraduras inutilizadas y actos vandálicos como el apedreamiento de la base helitransportada de Valdemorillo, donde incluso resultó afectado un helicóptero Pegasus. Estas acciones han provocado que, en el momento más crítico, nueve bases estuvieran completamente inoperativas, impidiendo el acceso al equipo, ropa de trabajo y vehículos.

La Comunidad de Madrid ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, al considerar que los actos suponen no solo un perjuicio al patrimonio público, sino también una amenaza directa para la seguridad ambiental y la integridad del personal. La frase clave, seguridad ambiental en riesgo, cobra especial relevancia en este contexto, dada la gravedad de los sabotajes durante el periodo más sensible del año para los incendios forestales.

Desde el Ejecutivo regional se ha precisado que la empresa pública Tragsa es la responsable de la relación contractual con los trabajadores forestales. Aun así, tanto Tragsa como la Dirección General de Emergencias han desplegado equipos de mantenimiento de urgencia para reparar los daños y restablecer cuanto antes la operatividad del servicio.

En plena campaña de incendios, los responsables públicos insisten en que todas las medidas necesarias están en marcha para asegurar la recuperación del sistema y proteger el entorno natural. Aun así, el conflicto laboral sigue abierto, lo que mantiene la seguridad ambiental en riesgo.