El acuerdo entre el Gobierno central y Junts reaviva la polémica sobre la acogida de menores no acompañados en la Comunidad de Madrid

El acuerdo entre el Gobierno central y Junts para reubicar a 806 menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid ha generado una nueva controversia política. El centro de acogida La Cantueña en Fuenlabrada, que ya había sido foco de disputa el año pasado, será el principal lugar de recepción, desatando críticas entre los partidos. El Gobierno regional ha informado que la instalación está a su máxima capacidad, por lo que se necesitará una ampliación para albergar a más menores.

La Comunidad de Madrid justifica su enfoque señalando que en 2024 invirtió 40 millones de euros en políticas de acogida, en contraste con los 1,6 millones del Gobierno central. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su intención de recurrir ante la Justicia europea al considerar que el reparto de menores es desigual, y ha reafirmado la centralidad de Fuenlabrada como punto clave en la reubicación. Sin embargo, las críticas no han cesado, especialmente por parte del PSOE y Más Madrid, que acusan a Ayuso de crear macrocentros que dificultan la atención adecuada de los menores.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha expresado su desacuerdo con el plan, aunque ha dicho que no se opondrán a la llegada de los menores si se amplía el centro. Además, ha subrayado la necesidad de un canal de interlocución entre los municipios y la Comunidad antes de tomar decisiones que afectan a la gestión local de los centros.

La polémica sigue siendo un tema divisivo, con Vox exigiendo el cierre de La Cantueña por su supuesta relación con el aumento de inmigración ilegal y la inseguridad.