La defensa reclama una suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve su recurso de amparo

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de la orden de detención nacional que sigue vigente en su contra. El escrito, presentado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta que la medida debe paralizarse hasta que el TC se pronuncie sobre el recurso de amparo admitido el pasado 7 de octubre. La petición se sustenta en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, según la defensa, respaldan la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión.

El escrito recuerda que, durante años, Puigdemont ha tenido limitada su libertad de movimiento y su actividad política debido a diversas órdenes judiciales. Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que estas órdenes han sido “jurídicamente desactivadas” por la ley orgánica de amnistía, cuya validez considera confirmada tanto por el Constitucional como por el marco europeo. En este sentido, la defensa subraya que la suspensión cautelar solicitada es “jurídicamente obligada” para evitar daños irreversibles en los derechos fundamentales del expresidente.

En su argumentación, Boye recalca que las Conclusiones del Abogado General del TJUE afirman que la ley de amnistía es “plenamente compatible” con el Derecho de la Unión. Aunque el abogado general advierte de que algunas disposiciones podrían generar dudas o requerir ajustes, descarta que la norma constituya una “autoamnistía” o entre en conflicto con la legislación europea en materia de terrorismo o protección de los intereses financieros comunitarios.

Por ello, la defensa considera que mantener la orden de detención en este contexto supondría “un sacrificio desproporcionado e innecesario”. Según el escrito, esta situación sería incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que deben guiar las medidas cautelares mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo del asunto.