El pacto reactiva la tramitación de una norma que endurece las penas por hurtos repetidos y que enfrentaba tensiones políticas

La ley de multirreincidencia ha dado un paso decisivo en su tramitación tras el acuerdo alcanzado este jueves entre PSOE, PP y Junts, quienes, junto a otros partidos de la derecha parlamentaria, han pactado seis enmiendas transaccionales destinadas a acelerar su aprobación. Este consenso, producido en una reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia, ha permitido que el informe final quede respaldado por mayoría, despejando el camino para que la normativa pueda ser validada por la comisión entre el 15 y el 19 de diciembre y llegue al primer pleno del nuevo periodo de sesiones en febrero. La medida, sin embargo, ha contado con el rechazo de Podemos, EH Bildu, Sumar y BNG, que mantienen su oposición frontal al texto.

El acuerdo llega en un momento político especialmente sensible. La norma, impulsada por Junts y registrada en abril de 2024, forma parte del pacto de investidura firmado con el PSOE, pero su tramitación se había estancado durante meses, contribuyendo al distanciamiento entre ambos partidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había reconocido esta semana que la ley era uno de los compromisos pendientes que buscaba resolver para recomponer la relación con la formación de Carles Puigdemont. La aprobación de las enmiendas provocó reacciones inmediatas: el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu calificó el acuerdo de “exótico”, mientras que la representante de ERC Pilar Valluguera lo consideró “sorprendente”.

La norma introduce cambios relevantes en el Código Penal, endureciendo las penas por hurtos leves repetidos y facilitando procesos más rápidos contra delincuentes reincidentes. Entre las modificaciones destaca la posibilidad de imponer penas de hasta tres años de prisión, incluso cuando el valor total de lo sustraído no alcance los 400 euros. Esta propuesta ha sido defendida especialmente por Junts, que argumenta que el incremento de la multirreincidencia en ciudades como Barcelona requiere una respuesta legislativa firme. Paralelamente, el PP ha señalado que no se ha alcanzado un acuerdo exclusivo entre los tres principales partidos, sino que sus propias enmiendas transaccionales han sido aceptadas por mayoría, también con el voto favorable de Vox.

Uno de los puntos aún por definir es la posibilidad de que los Ayuntamientos afectados por delitos repetidos puedan personarse en los procedimientos cuando la Fiscalía no actúe, lo que implicaría una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este aspecto será debatido en la próxima fase de la tramitación. Si la norma prospera finalmente, podría convertirse en una de las leyes con mayor apoyo parlamentario de la legislatura, superando los 300 escaños, y marcar un hito en la regulación de la reincidencia en delitos menores en España.