Los pequeños empresarios reclaman al Ayuntamiento que el desarrollo del SUNC-4 se tramite como una sola unidad para garantizar igualdad de derechos

Los pequeños propietarios del Polígono Industrial Promisa, en Móstoles, solicitarán en el próximo Pleno municipal que el Ayuntamiento reconsidere la aprobación inicial del Plan Parcial del SUNC-4 y requiera a El Corte Inglés que reformule su propuesta urbanística. La petición llega después de que la Junta de Gobierno local diera luz verde en noviembre al desarrollo que permitirá construir más de 1.000 viviendas en los terrenos de la antigua fábrica de Móstoles Industrial (Moinsa), propiedad mayoritaria del grupo comercial. Los afectados consideran que el modelo aprobado perjudica a los pequeños titulares del suelo y limita su participación en el proceso.

Según han trasladado los propietarios y han confirmado fuentes municipales, el principal punto de conflicto es la división del ámbito en dos Unidades de Ejecución (UE-1 y UE-2). Esta fragmentación, sostienen, beneficia al propietario mayoritario y dificulta la defensa de los intereses del resto, al impedir la creación de una Junta de Compensación común en la que estén representados todos los titulares del suelo. Por ello, los empresarios reclaman que el desarrollo se tramite como “una única unidad de actuación”, lo que permitiría una gestión conjunta y una distribución equitativa de cargas y beneficios.

Los propietarios recuerdan que una propuesta similar ya fue presentada en el pasado por El Corte Inglés y fue informada negativamente por los servicios técnicos municipales, precisamente por no contemplar una única unidad ni una junta integradora. Además, advierten de que el planteamiento actual genera inseguridad jurídica y deja en una situación vulnerable a las empresas que aún operan en el polígono, muchas de las cuales desconocen su futuro en caso de que avance el proyecto residencial sin una planificación clara de reubicación o compensación.

El PSOE de Móstoles, que votó en contra del plan y ha presentado un recurso contencioso-administrativo, respalda a los pequeños propietarios y sostiene que el proyecto “beneficia únicamente al gran propietario y perjudica al tejido industrial local”. Desde el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, se defiende que el plan cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables y que se trata de un “acuerdo entre privados”, aunque reiteran que no se ha impedido a ningún propietario adherirse al desarrollo. El debate sobre el modelo urbanístico del SUNC-4 seguirá abierto en el Pleno, con implicaciones relevantes para el futuro económico e industrial de la zona.