Se ha emitido la primera sentencia judicial sobre el accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013, que dejó 79 muertos y 145 heridos en Santiago, incluyendo dos vecinos de Alcorcón.
Francisco Garzón Amo, maquinista del tren, y Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF, han sido condenados a dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Las compensaciones para las víctimas superan los 25 millones de euros.
La jueza Elena Fernández Currás determinó que ambos violaron su deber de cuidado. Garzón atendió una llamada telefónica no urgente mientras conducía y Cortabitarte aprobó la seguridad de la línea ferroviaria sin las medidas adecuadas. Ambos han sido inhabilitados para ejercer sus profesiones durante cuatro años y medio.
El sistema de freno automático ERTMS, que podría haber prevenido el accidente, no fue instalado. La jueza calificó de “incomprensible” la ausencia de esta protección crucial y destacó que el accidente podría haberse evitado con medidas de control de velocidad o señalización más evidente.
Las indemnizaciones para las víctimas, a cargo de las aseguradoras de Adif y Renfe, se incrementaron en un 50% sobre el baremo estándar de accidentes de tráfico debido al mayor daño moral sufrido.
Entre las víctimas, se encontraban dos vecinos de Alcorcón, David Bernardo Monjas y Olga Buitrago Valbuena, quienes trabajaban en el AVE y perdieron la vida en el siniestro.
Esta sentencia sienta un precedente importante en la responsabilidad de los funcionarios y la implementación de medidas de seguridad en el transporte ferroviario. La decisión judicial subraya la necesidad de una gestión adecuada de riesgos y la importancia de contar con sistemas de seguridad efectivos para evitar futuras tragedias similares.
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