El secretario general del PSOE de Leganés afirma que el proceso fue transparente, público y notarial, y acusa a sus adversarios de promover una campaña de difamación política

El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, ha emitido un comunicado oficial en el que niega rotundamente haber recibido trato de favor en la adjudicación de una de las viviendas públicas de EMSULE, la Empresa Municipal del Suelo de Leganés. El dirigente socialista responde así a las acusaciones difundidas en redes sociales en los últimos días, que, según afirma, forman parte de “una campaña de difamación” contra su persona y el proyecto socialista que representa.

Recuenco ha asegurado que participó en un sorteo público ante notario, cumpliendo todos los requisitos exigidos, “como cualquier otro vecino”. Subrayó que nadie le favoreció ni le regaló nada, y defendió la profesionalidad de los funcionarios, técnicos y del notario implicado en el proceso. “Quien insinúe lo contrario —añadió— no solo ataca mi honor, sino la integridad de las instituciones públicas y de los trabajadores que garantizan estos procedimientos”.

En su comunicado, el dirigente socialista explicó que el proceso fue “absolutamente neutral y objetivo”, destacando que entre los adjudicatarios también hubo personas de distintas filiaciones políticas, incluida una militante del Partido Popular. Recuenco defendió además su trayectoria personal, recordando que lleva más de una década en el PSOE sin haber ocupado ningún cargo remunerado, y que toda su vida laboral se ha desarrollado fuera del ámbito público.

El líder socialista señaló que esta campaña “busca silenciar” sus críticas hacia el actual Gobierno local, al que acusa de “pretender desmantelar la construcción de 108 viviendas públicas en Leganés”. Finalmente, anunció que está valorando, junto a su equipo jurídico, la posibilidad de emprender acciones legales por la difusión de “bulos y falsedades”. “Frente al fango, transparencia; frente a la mentira, justicia”, concluyó, reafirmando su compromiso con la defensa de la vivienda pública y la justicia social en la ciudad.