Madrid rechaza traslado sin autorización de 400 menores migrantes a Pozuelo de Alarcón. La Comunidad de Madrid considera que la decisión del Gobierno central vulnera sus competencias en materia de protección de menores y denuncia la ausencia de comunicación oficial.

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, calificó el anuncio como “una deslealtad institucional de tamaño monumental”. Aseguró que el traslado “no se va a poder producir” sin el consentimiento formal de la región, ya que “el ordenamiento jurídico es muy claro” sobre las competencias autonómicas.

La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, también cargó contra el Gobierno por lo que considera una actuación unilateral, acusando a las ministras Sira Rego y Elma Saiz de “instrumentalizar a los menores para mantenerse en el poder”. En sendas cartas, tildó de “despropósito” tanto el reparto desde Canarias como el uso del centro CREADE de Pozuelo, alegando falta de personal, planificación y garantías jurídicas.

La Comunidad insiste en que Madrid rechaza traslado sin autorización como política, y exige que se aborde la situación desde una coordinación institucional real. Dávila subrayó que, en lugar de medidas impuestas, se requiere una estrategia nacional que respete a las comunidades y priorice el interés superior del menor.

El Gobierno regional ha solicitado formalmente una mesa técnica con el Ejecutivo central para revisar el modelo de acogida, y advierte que no aceptará nuevas derivaciones sin diálogo, legalidad y recursos adecuados.