La Comunidad de Madrid ha aprobado este diciembre una inversión de 27,1 millones de euros para afrontar el pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a las personas vulnerables de la región durante 2023. Se trata de una prestación económica regulada por ley que reconoce a los madrileños en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de su vida diaria.

El importe recibido mensualmente varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de los recursos económicos que dispongan. El proyecto de presupuestos regionales para 2023 prevé equiparar las cuantías que reciben sus perceptores a las de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno central.

De las más de 3.000 familias que lo recibieron el pasado mes de octubre, último dato disponible, el 37% eran personas solas; y el 45% familias con menores a su cargo. Los 27,1 millones tramitados anticipadamente garantizan el pago de esta prestación durante el próximo año, aunque este crédito podrá ampliarse en el caso de producirse un incremento del número de perceptores.

Desde la entrada en vigor en julio de 2020 del IMV se ha registrado un paulatino descenso de beneficiarios de la renta autonómica. Esto se debe al carácter subsidiario y finalista de la RMI, reconocida por ley como un derecho para las personas que no reciben ningún tipo de ingresos ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna ayuda desde otras administraciones, lo que obliga a todos sus perceptores a solicitar el IMV antes que la RMI.