Seis municipios piden topes al alquiler bajo la Ley de Vivienda, pero la Comunidad de Madrid asegura que la medida no es efectiva.

Un grupo de alcaldes de seis municipios madrileños, todos gobernados por partidos de izquierda, han iniciado una campaña para que sus localidades sean declaradas Zonas de Mercado Residencial Tensionado, lo que permitiría imponer topes al precio del alquiler, conforme a la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los municipios que ya han formalizado la solicitud están Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Parla y Rivas Vaciamadrid, mientras que otros, como Ciempozuelos, han expresado su intención, aunque sin formalizar la petición.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo (IU), ha sido una de las más persistentes en este esfuerzo, habiendo recibido ya una negativa del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, quien expresó que la Comunidad de Madrid no respalda esta medida. Según Rodrigo, las políticas de intervención en el mercado de alquiler, como las implementadas en ciudades como Barcelona, París o Berlín, han demostrado ser contraproducentes, reduciendo la oferta de viviendas y elevando los precios.

El Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido una postura firme contra la intervención en el mercado de alquiler, argumentando que la Ley de Vivienda vulnera competencias autonómicas, atenta contra la propiedad privada y ha provocado efectos negativos en las ciudades donde se ha implementado. Ayuso ha señalado que los topes al alquiler no resuelven el problema de fondo y han contribuido al incremento de la okupación y a la reducción de la oferta de viviendas.

A pesar de la negativa de la Comunidad, los alcaldes insisten en que sus municipios cumplen los criterios establecidos por la normativa estatal, que incluye que el costo de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios y que los precios del alquiler hayan crecido más que el IPC. Sin embargo, la regulación del mercado de alquiler sigue siendo competencia de las comunidades autónomas, lo que limita la capacidad de los ayuntamientos para actuar unilateralmente.