El partido político Leganemos ha propuesto elevar el salario mínimo de los trabajadores de las contratas municipales a un mínimo de 1.500 euros. Actualmente, el municipio de Leganés cuenta con más de 2.000 trabajadores contratados a través de empresas privadas que prestan servicios para el ayuntamiento. Estos trabajadores no se benefician del convenio de los trabajadores municipales y a menudo realizan funciones similares a los trabajadores municipales, pero con salarios significativamente más bajos.

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, Leganemos se compromete a reforzar la supervisión de las contratas para garantizar que el dinero destinado a los salarios llegue efectivamente a los trabajadores. Esta propuesta busca no solo beneficiar a los trabajadores, sino también contribuir a la economía local, ya que el aumento de sus ingresos supondría un impulso para el nivel de vida en Leganés, considerando los altos precios de la vivienda en la zona.

Inma Torres, candidata a la Alcaldía por Leganemos, destaca la necesidad de elevar los salarios de estos trabajadores, argumentando que es incomprensible que realicen labores para el ayuntamiento junto a trabajadores municipales, pero perciban salarios considerablemente más bajos. La propuesta incluye la introducción de cláusulas sociales en los contratos de las contratas, para garantizar que los salarios de los trabajadores contratados por la empresa ganadora de la licitación alcancen el mínimo de 1.500 euros.

Además, Torres subraya la responsabilidad del ayuntamiento tanto en las condiciones laborales de los trabajadores municipales como en las de los trabajadores de las empresas concesionarias. Leganemos busca reducir las diferencias salariales entre ambos grupos y considera que las privatizaciones de servicios públicos a menudo empeoran las condiciones laborales de los trabajadores en beneficio de las empresas. Mejorar los salarios se presenta como una medida efectiva para combatir la precariedad laboral en el sector privado, y el ayuntamiento debe obligar a las empresas a reducir estas disparidades salariales.