Las seis universidades públicas anuncian dos días de paro a finales de noviembre en protesta por la falta de incremento real en la financiación autonómica

Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han anunciado la convocatoria de dos días de huelga, inicialmente previstos para el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, en protesta por lo que consideran un “presupuesto estancado”. Según denuncian, el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 no refleja una subida real y perpetúa la infrafinanciación estructural que sufren desde hace años.

El Gobierno regional ha aprobado un incremento del 6,5% en la financiación universitaria, aunque los representantes del profesorado y del alumnado muestran “cautela” y advierten de que la mejora es insuficiente. De acuerdo con sus cálculos, la asignación pasaría del 0,44% al 0,46% del PIB regional, una cifra que califican de “mínima” y alejada del 1% del PIB que reclaman como objetivo consensuado. “No podemos hablar ni siquiera de subida; se trata de un presupuesto que mantiene la asfixia financiera”, señala el comunicado conjunto emitido por las plataformas.

Las organizaciones universitarias —que representan a la Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares— sostienen que esta situación compromete la calidad docente, la investigación y las condiciones laborales del personal universitario. También alertan de que los recortes vigentes, como el 35% de reducción en los gastos de la Universidad Complutense hasta 2028, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema público. Los días concretos de la movilización se ratificarán la próxima semana, y no se descartan huelgas indefinidas o nuevas acciones si no hay avances en la negociación.

Las plataformas pretenden situar la “máxima intensidad de la movilización” entre noviembre y diciembre, coincidiendo con el periodo de exámenes y antes de la aprobación definitiva de los presupuestos en la Asamblea de Madrid. Además, el movimiento ha anunciado su intención de oponerse a la futura Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (LESUC), que consideran una amenaza para la autonomía y la financiación de las universidades públicas. Su objetivo, aseguran, es movilizar a la comunidad académica y a la ciudadanía madrileña “para que el coste político de atacar a lo público sea el máximo posible”.