Mensajes hallados por los investigadores apuntan a comunicaciones del expresidente con la SEPI en pleno proceso de ayuda pública a la aerolínea

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras las últimas informaciones conocidas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado la existencia de mensajes y referencias a citas que vinculan a Zapatero con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el proceso que culminó con la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea. Estos datos han reavivado el debate político y mediático en torno al papel del exmandatario.

Según la documentación incorporada a la investigación, los mensajes localizados por la UCO reflejan contactos mantenidos en fechas clave del rescate financiero, aprobado con fondos públicos para garantizar la viabilidad de la empresa. Estas revelaciones se suman a informaciones previas que situaron a Zapatero en una reunión privada con Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, apenas 72 horas antes de que este fuera detenido, un hecho que incrementó las sospechas sobre posibles intermediaciones o influencias en el proceso.

Las diligencias no atribuyen por el momento responsabilidad penal directa al expresidente, pero sí subrayan su presencia e interlocución en un contexto especialmente sensible, marcado por la gestión de recursos públicos y la supervisión de organismos estatales. La SEPI, encargada de canalizar el rescate, ha defendido en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y ha insistido en que la ayuda se concedió conforme a los criterios técnicos establecidos para empresas estratégicas afectadas por la crisis.

La aparición del nombre de Zapatero en los informes de la UCO ha vuelto a proyectar la sombra de la sospecha sobre una figura política con influencia activa en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Mientras la investigación continúa abierta, el caso refuerza el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos, la separación entre responsabilidades políticas pasadas y actuaciones presentes, y la necesidad de controles institucionales rigurosos en operaciones de rescate empresarial que tienen un impacto directo en las arcas del Estado.