Una mujer acusa al expresidente del Gobierno de agresiones sexuales continuadas ocurridas cuando era menor de edad

La Policía ha remitido a la Justicia una denuncia presentada por una mujer que acusa al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez de presuntos abusos y agresiones sexuales continuadas. Según el escrito, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1982 y 1985, cuando la denunciante tenía 17 años y Suárez alrededor de 50. La denuncia, de ocho páginas, describe varios episodios que, siempre según su testimonio, habrían tenido lugar tanto en el despacho como en la vivienda del entonces líder del CDS. Las actuaciones policiales consisten en la remisión del documento a la autoridad judicial para su valoración.

En el relato, la mujer —que utiliza el nombre ficticio de Ariadna para preservar su identidad— afirma haber sufrido violencia sexual, incluyendo una felación forzada y un intento de penetración. Califica ese periodo de tres años como una etapa de “tortura” que marcó su vida personal y emocional. De acuerdo con la denuncia, los hechos estarían prescritos, dado el tiempo transcurrido, circunstancia que impediría la persecución penal. No obstante, la denunciante expone que su objetivo principal es hacer público su testimonio y obtener una forma de reparación simbólica.

Ariadna sostiene que necesitó años de terapia psicológica para afrontar las secuelas derivadas de lo ocurrido y que, en la actualidad, experimenta una revictimización al ver cómo determinados relatos mediáticos o producciones audiovisuales ensalzan la figura histórica de quien identifica como su agresor. En este contexto, la jurista María Naredo, que la ha asesorado durante el proceso, ha explicado que la denuncia persigue la difusión del relato en primera persona como vía de reconocimiento y reparación, más allá de las consecuencias penales.

Además de señalar al expresidente, la denuncia menciona a dos personas de su entorno como posibles cómplices o encubridores, solicitando que estos extremos sean investigados. La mujer también pide que se retire el nombre de Adolfo Suárez del aeropuerto madrileño de Barajas, una solicitud que abre un debate sobre la memoria histórica, el tratamiento público de las denuncias por violencia sexual y los límites entre la responsabilidad penal prescrita y la responsabilidad social. Corresponderá ahora a la autoridad judicial determinar el alcance de las actuaciones a seguir.