El empresario Alberto González Amador, conocido por ser pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de las afirmaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, al admitir que efectivamente confesó haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo, González Amador afirma que fue él quien ofreció un pacto a la Fiscalía para mitigar las consecuencias legales, y no al revés, como se había difundido previamente.

Esta afirmación del empresario está plasmada en la querella que ha presentado contra el fiscal del caso y la jefa de la Fiscalía de Madrid. En dicha querella, González Amador expone que su abogado se puso en contacto con la Fiscalía inmediatamente después de enterarse de la apertura de una investigación en su contra. La razón de esta acción, según el abogado, fue la preocupación de que su relación sentimental con la presidenta madrileña pudiera sesgar el proceso judicial en su contra.

El conflicto se desató tras una serie de informaciones publicadas por varios medios, donde se sugería que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, pero luego fue instada a retirarlo y presentar una querella contra él. Sin embargo, la querella presentada por el empresario revela que el primer contacto lo inició su abogado el 2 de febrero, proponiendo llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Ante el revuelo causado por estas acusaciones, el Ministerio Público emitió una nota de prensa desmintiendo las afirmaciones de González Amador y proporcionando una secuencia cronológica de los contactos mantenidos con la defensa, antes y después de la presentación de la querella. Como respuesta, el empresario se querelló contra los fiscales, acusándolos de revelación de secretos.

Este entramado de acusaciones y contradicciones arroja luz sobre un complejo escenario legal y mediático en el que se ven envueltos personajes prominentes del ámbito político y empresarial de España.