La justicia investiga presuntas obras adjudicadas “a dedo” y fraccionadas en varios institutos de la ciudad

La investigación del denominado ‘caso FP’ en la Comunidad de Madrid se ha ampliado a nuevos centros de Leganés, tras detectar irregularidades en la adjudicación de obras de Formación Profesional. El Juzgado de Instrucción 39 ha llamado a declarar a directores y exdirectivos de la Consejería de Educación, incluyendo al exdirector general José María Rodríguez, por presunta prevaricación administrativa y fraccionamiento de contratos para evitar concursos públicos.

Fuente: SoyMadrid

El foco se centra en la utilización de contratos menores para financiar obras millonarias, que fueron fraccionadas en importes inferiores a 40.000 euros para poder adjudicarlas “a dedo”. Entre los centros investigados en Leganés se encuentran el Centro Territorial de Innovación y Formación (CTIF) Sur y la Escuela de Idiomas, donde el constructor Gabriel Navarro, ya identificado en otros casos, realizó trabajos que no habrían pasado por los controles habituales de la Dirección de Infraestructuras.

Alba Pulido, concejala y Portavoz del Grupo Municipal Podemos- Izquierda Unida- Alianza Verde, en Leganés, escribía en su perfil de X: «Leganés aparece en la Trama FP en la que se trocean contratos con el hedor de la corrupción. Las universidades públicas están entre la asfixia económica y el desmantelamiento. El Gobierno de Ayuso se descompone. PP-ULEG callan y miran hacia otro lado siendo cómplices. Vergüenza!»

#Leganés aparece en la Trama FP en la que se trocean contratos con el hedor de la corrupción.
Las universidades públicas están entre la asfixia económica y el desmantelamiento.
El Gobierno de Ayuso se descompone.
PP-ULEG callan y miran hacia otro lado siendo cómplices.
Vergüenza! pic.twitter.com/MzNUeuPIuF

— Alba Pulido (@alba_pul) February 18, 2026

El contexto político del caso también ha generado polémica. Durante el periodo investigado (2021-2023), la Consejería estaba dirigida por Enrique Ossorio, con Rocío Albert como viceconsejera. Declaraciones judiciales revelan contradicciones entre exaltos cargos: mientras José María Serrano alertó por escrito sobre la ilegalidad de las obras, José María Rodríguez aseguró no haber percibido irregularidades. Esto sitúa a la cúpula educativa en el centro de la investigación y podría derivar en responsabilidades superiores a los directores de los institutos.

Las implicaciones son tanto económicas como políticas. Los contratos bajo sospecha superarían los 6 millones de euros en decenas de obras en varios centros de FP, y la investigación ya ha provocado cese y renovación de altos cargos en la Consejería de Educación. La justicia sigue abierta y se espera que se amplíen las indagaciones a más centros y empresas, mientras la comunidad educativa de Leganés y el resto de la región exige transparencia y responsabilidades claras.