La Asamblea regional de la Comunidad de Madrid aprobó el jueves la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, marcando un hito en la legislación regional al permitir la conversión de oficinas en pisos de alquiler a precio asequible. Esta iniciativa, liderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tiene como objetivo principal aumentar significativamente la oferta de vivienda en la región.

Con la ratificación de esta nueva normativa, se estima que se liberarán 1,8 millones de metros cuadrados de espacio, los cuales podrán ser transformados en aproximadamente 20.000 nuevos hogares. Este cambio de uso de suelo terciario a residencial se realizará mediante una única licencia, simplificando así el proceso administrativo y eliminando la necesidad de modificar el planeamiento urbano. La medida entrará en vigor este mismo mes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir la aplicación de esta normativa en sus respectivos municipios, y una vez aprobada, los desarrolladores dispondrán de un plazo máximo de tres años para completar las obras.

Además de promover una mejora organizativa y un impulso económico significativo, la nueva ley incluye la exención de los planes especiales para la construcción de viviendas públicas de protección en áreas calificadas como equipamientos, reduciendo notablemente los plazos de ejecución. Esta medida se suma a las nueve normativas anteriores aprobadas durante esta Legislatura, todas destinadas a agilizar y fomentar el desarrollo urbano sostenible en la Comunidad de Madrid. Con el respaldo del sector de la construcción, que en 2023 representó el 5,3% del Producto Interior Bruto regional, se espera que estas iniciativas impulsen aún más la economía local y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.