La Comunidad de Madrid ha convocado las ayudas de comedor escolar para el próximo curso 2023/24 con un presupuesto que aumenta en más de 9 millones de euros, alcanzando un total de 39.2 millones de euros, beneficiando así a más de 86,000 familias de la región.

Como novedad, se reemplaza el sistema de precios reducidos y exenciones por uno de becas de concesión directa. Los interesados deberán solicitarlas desde mañana hasta el 28 de junio a través del portal institucional www.comunidad.madrid, en los registros oficiales o en los colegios. La convocatoria se publica hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y garantizará que los beneficiarios abonen por el comedor escolar los mismos precios vigentes desde hace 7 años.

Los requisitos establecidos para obtener estas ayudas son los mismos que existían hasta ahora: alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos, cuyas familias se encuentren en alguna de las circunstancias socioeconómicas enumeradas en las normas, así como los escolarizados de oficio en centros sostenidos con fondos públicos que utilicen el servicio de transporte escolar.

De esta forma, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI), del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con renta per cápita inferior a 3,000 euros o por extinción de la renta mínima de inserción recibirán 800 euros por curso, continuando así pagando 1 euro al día por el comedor.

Los beneficiarios del IMV con una renta per cápita de hasta 4,260 euros, las víctimas de violencia de género y terrorismo, aquellos en situación de acogimiento familiar o con miembros pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad de Madrid recibirán 445 euros por curso, manteniendo un pago de 3 euros al día por el servicio.

Por último, aquellos con algún miembro de la unidad familiar beneficiario de protección internacional en cualquiera de sus modalidades o temporal por el conflicto de Ucrania; aquellos en situación de acogimiento residencial; y los escolarizados amparados por convenios suscritos con las consejerías competentes en materia de infancia y adolescencia, el ministerio competente en materia de instituciones penitencias y en materia de violencia de género obtendrán el precio total del comedor.

Mediante esta iniciativa, se pretende garantizar el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación para los alumnos que se encuentren en situaciones desfavorables, asegurando que estas circunstancias no sean una barrera para acceder a servicios escolares como el comedor.