La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de poner “trabas” al desarrollo de la industria de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en la región, una medida que, según el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, busca “impedir” el avance de Madrid en un sector donde es “líder destacado a nivel nacional”.

Durante la clausura de las jornadas DCD>Connect celebradas este jueves, López-Valverde centró su crítica en el Real Decreto anunciado recientemente por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Este decreto regula las infraestructuras críticas que soportan servicios cotidianos como el envío de correos electrónicos o la reproducción de música en línea.

En la clausura del #DCDConnect he resaltado la ubicación privilegiada de la @ComunidadMadrid para albergar centros de datos.

Pese a las ocurrencias del Gobierno central para perjudicar a la región, seguiremos atrayendo inversiones.

Madrid seguirá siendo el motor de España. pic.twitter.com/fVaaQBR758

— Miguel López-Valverde (@MLopezValverde) May 22, 2024

El consejero expresó su preocupación, señalando que la normativa “va contra el libre mercado” y “genera dudas a los inversores”. Afirmó que la legislación pretende perjudicar a Madrid y destacó que, previamente, el Gobierno ya había ignorado a la región en la modificación del plan de transporte energético.

Actualmente, la Comunidad de Madrid concentra el 80% de la capacidad de procesamiento de datos del país, con cerca de 30 centros y 171 MW de potencia instalada. Según previsiones de la asociación de CPD en España, esta cifra alcanzará los 613 MW en 2026.

López-Valverde subrayó las significativas inversiones realizadas por la región en este sector y criticó al Gobierno central por socavar estos esfuerzos con sus decisiones. En consecuencia, pidió al Gobierno que “reconsidere sus medidas y reconozca que Madrid es el principal activo de una industria que beneficia a toda España”.

La disputa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central refleja las tensiones sobre la regulación y el desarrollo de infraestructuras críticas en el país. La región, que ya lidera el sector de los CPD en España, teme que las nuevas normativas frenen su crecimiento y disuadan a los inversores. La resolución de este conflicto será crucial para el futuro de la industria tecnológica en España.