Justicia ante abuso urbanístico: La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Julio César Santos, jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, a nueve años de inhabilitación por ordenar en 2022 el derribo ilegal de una vivienda habitada en la Cañada Real Galiana. La sentencia considera que Santos incurrió en un delito de prevaricación administrativa, al ejecutar la demolición sin orden judicial firme y sin respetar el procedimiento legal.

El tribunal sostiene que el funcionario actuó de forma arbitraria, basándose únicamente en un informe no verificado del excomisionado para la Cañada Real. El documento señalaba, sin pruebas, que la casa estaba abandonada. Sin embargo, el propietario, identificado como A.C., vivía allí desde 2006 y se encontraba temporalmente en Marruecos al momento del derribo. La vivienda, de más de 80 metros cuadrados, tenía suministros activos, pozo de agua y enseres personales en su interior.

La sentencia destaca que se vulneraron derechos fundamentales del ciudadano, ya que la demolición se produjo sin permitirle defenderse, a pesar de haber presentado alegaciones administrativas. Por ello, el fallo también declara al Ayuntamiento de Madrid como responsable civil subsidiario, abriendo la puerta a una posible indemnización.

Organizaciones como CAES denuncian que este caso refleja una estrategia de acoso urbanístico para facilitar desarrollos inmobiliarios en el sureste madrileño. La Cañada Real, considerada el mayor asentamiento irregular de Europa, sufre desde hace años problemas estructurales y cortes de electricidad.

Este fallo judicial marca un precedente clave y refuerza el reclamo de justicia ante abuso urbanístico en Madrid. Aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, pero desde el Ayuntamiento no se ha emitido declaración oficial.