El PSOE de Alcorcón ha llevado a juicio a la exconcejala del Partido Popular (PP), Susana Mozo, por su presunta participación en un delito penal de prevaricación relacionado con la firma de un contrato que puso fin a las obras del CREAA, con un valor de 34 millones de euros. La Fiscalía ha ratificado la posible comisión de dicho delito, argumentando que Mozo firmó el contrato sin tener la autoridad necesaria, lo que habría causado un perjuicio significativo a la ciudad de Alcorcón.

Durante el juicio, se reveló que Mozo, quien fue segunda teniente de alcalde y concejala del PP junto a David Pérez, actual coordinador de campaña del candidato del PP a la alcaldía, firmó unilateralmente el contrato en calidad de consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA). Según la Fiscalía, esta acción excedió el límite permitido para su cargo, que era de hasta 90,000 euros.

El contrato en cuestión puso fin a la relación con una unión temporal de empresas conformada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, encargadas de finalizar el CREAA por millones de euros. Sin embargo, se descubrió que esta resolución carecía de los informes técnicos necesarios y de certificaciones de obra o acopios.

Se determinó que la firma del contrato ocurrió el 9 de marzo de 2012, nueve días después de que Mozo presentara la solicitud de concurso voluntario de acreedores de Emgiasa en el Juzgado de lo Mercantil, lo que condujo a la liquidación de la empresa pública.

La alcaldesa y Secretaria General del PSOE de Alcorcón, Natalia de Andrés, quien lideraba la oposición en ese momento, presentó una querella contra Mozo en marzo de 2019. El Ayuntamiento de Alcorcón también se unió al caso para proteger el patrimonio municipal.

Si se confirma la nulidad del contrato, como solicita la Fiscalía, se pedirá que se deshagan todas las consecuencias derivadas de esta situación, incluyendo el concurso de acreedores y las resoluciones e inhabilitaciones en el ámbito mercantil que el PP ha utilizado.

El PSOE de Alcorcón destaca que este juicio es histórico, ya que es la primera vez que un concejal del municipio se enfrenta a un juicio oral por un delito penal en el ejercicio de su cargo. El partido exige coherencia al PP, señalando que este ha lanzado campañas relacionadas con resoluciones mercantiles e inhabilitaciones que no afectan a la gestión municipal. El PSOE demanda que se reviertan todas las consecuencias perjudiciales derivadas de esta firma para la ciudad y su patrimonio.