Las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid han intensificado su lucha contra el Impuesto sobre el Patrimonio, apoyadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En las últimas semanas, se han presentado numerosas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, en un intento por anular este tributo o cuestionar algunos de sus aspectos, tal como ya ocurrió con el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF).

Las élites económicas recurren ante el Tribunal Constitucional para evitar pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, en una nueva batalla fiscal junto al PP

Este es el primer año en que las élites económicas de Madrid han tenido que pagar el Impuesto sobre el Patrimonio tras la imposición del ISGF por parte del Gobierno de España. Aunque este impuesto estaba vigente desde 2009, contaba con una exención del 100% que permitía a las grandes fortunas evitar su pago. Sin embargo, el Ejecutivo de Ayuso se vio obligado a restaurar el tributo para compensar la recaudación perdida.

Las impugnaciones, que comenzaron en verano y continuarán en septiembre, están siendo lideradas por despachos de abogados y expertos fiscalistas. Estas acciones buscan que el Tribunal Constitucional se pronuncie en 2024, ante la posibilidad de que el impuesto sea anulado o, al menos, se debiliten algunos de sus fundamentos legales.

El Partido Popular también ha recurrido esta medida, argumentando que podría vulnerar el principio constitucional de no confiscatoriedad y que el establecimiento de un impuesto permanente a través de los Presupuestos Generales del Estado podría ser defectuoso. No obstante, la validez de estos argumentos es cuestionada, ya que el Tribunal Constitucional ya avaló el ISGF anteriormente.

Las grandes fortunas madrileñas también han presentado otros argumentos en sus impugnaciones, como la posible violación del principio de reserva de la ley debido a las prórrogas continuas del impuesto mediante Reales Decretos-ley. A pesar de esto, algunos asesores dudan del éxito de estas reclamaciones, ya que recurrir podría tener consecuencias adversas, como la revisión de otros conceptos tributarios por parte del Ministerio de Hacienda.

Aunque el Tribunal Constitucional ya validó el ISGF, existen varias reclamaciones en curso que podrían llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por ello, los asesores continúan recomendando a las grandes fortunas que acudan a la Justicia, en la esperanza de que este órgano europeo ofrezca una interpretación favorable a sus intereses.