El pacto crea una vía extrajudicial a través del Defensor del Pueblo para los casos sin recorrido legal.

El Gobierno de España y la Iglesia católica han alcanzado un acuerdo histórico para habilitar un nuevo mecanismo de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico cuyos casos ya no pueden resolverse por la vía judicial. Este nuevo procedimiento permitirá que los afectados accedan a un proceso de reconocimiento y compensación sin necesidad de acudir a los tribunales ni a los órganos internos de la Iglesia, ofreciendo una alternativa institucional respaldada por el Estado.

El acuerdo ha sido cerrado por el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, y se articulará a través del Defensor del Pueblo, que actuará como canal independiente para la recepción y evaluación de los casos. Esta fórmula responde a la situación de numerosas víctimas cuyos delitos han prescrito o no pueden ser juzgados, pero que reclaman algún tipo de reparación moral, social o económica. La participación del Defensor del Pueblo busca reforzar las garantías de neutralidad, transparencia y confianza en el proceso.

La firma oficial del pacto tendrá lugar este jueves a las 9:30 horas en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia en Madrid. El documento será rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto a los presidentes de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Tras el acto, el ministro comparecerá en rueda de prensa para detallar el alcance del acuerdo y su aplicación práctica.

Este entendimiento se produce después de que la Iglesia aceptara, a finales de noviembre, la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una vía alternativa al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA), impulsado previamente por la propia institución eclesiástica. Muchas víctimas habían rechazado acudir a los mecanismos internos de la Iglesia, lo que evidenció la necesidad de un sistema mixto entre Iglesia y Estado, con participación de las víctimas y con las reparaciones asumidas por la Iglesia. El acuerdo supone un paso relevante en el reconocimiento institucional del daño causado y en la construcción de un marco de respuesta para situaciones que hasta ahora carecían de una solución efectiva.