La empresa abrirá una mesa de diálogo para guiar la transición hacia contratos laborales en España.
La plataforma de entregas a domicilio Glovo ha anunciado que abandonará el modelo basado en repartidores autónomos para implementar contratos laborales en España. Este cambio supone una transformación significativa en su operativa y responde a años de controversia legal y social sobre los derechos de sus trabajadores.
En un comunicado emitido este lunes, la compañía aseguró que este paso reafirma su compromiso con España, su país de origen y principal mercado. Además, ha informado que se abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de transición, buscando un modelo laboral que cumpla con la legislación vigente.
La decisión llega tras múltiples investigaciones judiciales y sanciones por el uso de repartidores autónomos, que según la inspección laboral, no cumplían con los derechos que corresponden a los trabajadores asalariados.
Reacción de Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró la medida calificándola como una victoria para la democracia y los derechos laborales. “Hoy la democracia ha ganado en nuestro país. Por fin, Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores en España”, afirmó Díaz antes de participar en una reunión en Bruselas.
La ministra también destacó que este es el “movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la inspección de trabajo” y estimó que la regularización permitirá recaudar 267 millones de euros en cotizaciones, además del importe de las sanciones aplicadas.
Impacto en el sector
Este cambio de modelo podría tener un efecto dominó en otras plataformas de reparto que operan en España bajo el mismo esquema. Además, representa un paso significativo en el reconocimiento de los derechos laborales en un sector que ha estado en el centro del debate sobre la precariedad del empleo en la economía digital.
Mientras tanto, el proceso penal contra los directivos de Glovo sigue en curso, y el anuncio marca un punto de inflexión en la forma en que las empresas tecnológicas abordan sus relaciones laborales en el país.
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