La Policía Municipal de Madrid se encuentra sacudida por un escándalo que involucra a varios mandos de la comisaría de Centro Sur, quienes están siendo investigados por presunto fraude en el cobro de horas extras. Según revelaciones de Asuntos Internos, algunos de estos mandos podrían haber percibido sumas considerablemente altas, superando incluso los ingresos del propio alcalde de la ciudad.

Uno de los subinspectores, previamente sargento, ha sido citado para declarar en un proceso disciplinario, donde se le cuestiona por el presunto cobro indebido que le habría permitido acumular hasta 100.000 euros brutos anuales y nóminas mensuales de entre 8.000 y 9.000 euros. Esta situación ha generado un clima de tensión dentro del cuerpo policial, con agentes que denuncian represalias y amenazas por parte de los mandos bajo investigación.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la existencia de una investigación en curso y ha expedientado a dos mandos por falta grave, mientras se espera el resultado de las pesquisas. Además, el caso podría salpicar al excomisario de Centro Sur, Matías Fuentes, por no supervisar adecuadamente a sus subordinados y autorizar el pago de estas horas extras.

La investigación, que se inició hace seis meses, ha recopilado pruebas significativas contra los mandos investigados, incluido el mencionado subinspector. Se han detectado irregularidades como el cobro de horas extras mientras el subinspector se encontraba en su domicilio o en restaurantes, así como la declaración de jornadas laborales de casi 24 horas seguidas. Estas prácticas, según fuentes sindicales, han permitido que algunos mandos ingresen entre 8.000 y 10.000 euros mensuales desde el año 2006, superando los 100.000 euros anuales.

El traslado del excomisario de Centro Sur, solicitado a finales del año pasado, ha generado especulaciones sobre su relación con esta investigación. Según sindicatos policiales, el clima laboral se ha visto afectado por las represalias y denuncias internas, con agentes que consideran solicitar cambios de unidad debido a las tensiones y restricciones impuestas. La posibilidad de derivar las diligencias a instancias judiciales como la Fiscalía Provincial de Madrid o el Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla se mantiene abierta, ante la sospecha de delitos como fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos.