La decisión de la Fiscalía de Madrid de solicitar el archivo de la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y político.

Por un lado, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, han visto cómo la Fiscalía respalda su actuación, considerando que la publicación de la nota de prensa en cuestión no constituye un delito de revelación de secretos. Sin embargo, la investigación paralela que lleva a cabo el magistrado Jaime Serret, a raíz de la denuncia presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por la presunta filtración de datos sobre la investigación fiscal a Alberto González Amador, arroja una luz diferente sobre el caso. Serret ha señalado la existencia de indicios de delito en estos hechos y ha remitido el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para su investigación.

Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia y el manejo de la información en el ámbito judicial, así como sobre la posible interferencia política en los procesos judiciales. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, representada por Álvaro García Ortiz, asume la responsabilidad de haber ordenado la publicación de las notas que desencadenaron la controversia, añadiendo un nuevo elemento a este complejo escenario.