La sentencia incluye además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, relacionado con la presunta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La decisión llega tan solo una semana después de la finalización del juicio, el primero en la historia en el que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo. El fallo, ya adelantado a las partes, se considera firme, aunque no surtirá efectos hasta la notificación formal de la sentencia completa.

El tribunal, compuesto por siete magistrados, ha adelantado que la resolución contará con dos votos particulares discrepantes, emitidos por las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, ambas de perfil progresista. Esta división interna ha llevado a que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asumiera la ponencia de la sentencia. Además de la condena principal, el Supremo ha impuesto a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al afectado, Alberto González Amador, así como el abono de las costas procesales.

Según fuentes consultadas por Telemadrid, el elemento determinante para la condena habría sido la nota informativa elaborada por la Fiscalía, considerada el factor que motivó la acusación y posterior fallo. La mayoría del tribunal —cinco de los siete magistrados— entiende que el fiscal general incurrió en el delito previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios que revelen información reservada obtenida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada.

La sentencia, una vez formalizada, implicará la salida inmediata de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba desde julio de 2022. La decisión ha provocado una amplia cascada de reacciones en el ámbito político y jurídico, entre ellas la del decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien ha calificado la resolución como “una buena noticia para la sociedad”. Todo queda ahora pendiente de conocer la redacción final que explicará en detalle los argumentos jurídicos que han sustentado esta decisión.