Una sentencia establece que arrendatarios no deben asumir IBI ni comunidad si no está detallado en el contrato de alquiler

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que establece que los inquilinos no están obligados a pagar el IBI ni los gastos de comunidad, salvo que estos costes estén claramente reflejados y aceptados en el contrato de arrendamiento. Esta decisión resuelve un largo conflicto judicial que involucró a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y diferentes instancias judiciales, cuyas sentencias habían sido inicialmente contradictorias.

El litigio comenzó cuando algunos contratos de alquiler de vivienda pública incluían cláusulas poco claras sobre el reparto de costes adicionales. Tras pasar por audiencias provinciales y nacionales, y ante la disparidad de criterios, el caso llegó al Supremo. Este ha aclarado que solo podrán cobrarse al inquilino los gastos si se han especificado por escrito y se ha determinado su importe anual, en aplicación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.

En la actualidad, aproximadamente el 20,4% de la población en España vive de alquiler, una cifra que ha aumentado desde el 15,9% registrado en 2011. Este crecimiento, combinado con el aumento de los precios del alquiler, ha generado una mayor preocupación social sobre la carga económica de los arrendatarios. Esta sentencia busca precisamente proteger al inquilino frente a costes no pactados previamente.

Expertos del sector ven esta decisión como un paso hacia una mayor transparencia y equilibrio en las relaciones contractuales, especialmente en un momento donde la vivienda en alquiler es la opción principal para una parte creciente de la población. Desde asociaciones de consumidores se insiste ahora en la necesidad de leer con detenimiento los contratos y exigir claridad sobre todos los pagos adicionales incluidos.