La moción del PP reclama responsabilidades y una auditoría independiente sobre el sistema de control telemático

El Senado, con mayoría del Partido Popular (PP), ha aprobado una moción en la que solicita la dimisión o cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en la gestión de las pulseras telemáticas para agresores machistas. La iniciativa contó con 34 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. El texto incluye la petición de una auditoría independiente para esclarecer el alcance de los fallos del sistema, conocido como cometa, vigente desde marzo de 2024.

La propuesta reclama al Gobierno información detallada sobre cuántas víctimas quedaron sin protección, cuántos procesos judiciales se han visto afectados y cuántos agresores se beneficiaron de estas deficiencias técnicas. Además, el PP exige que se garantice la seguridad y fiabilidad de los dispositivos y que se pida perdón a las víctimas. Alicia García, portavoz popular en la Cámara Alta, criticó la ausencia de Redondo en el debate y señaló que el Ejecutivo cometió “tres fallos inaceptables”: un contrato mal diseñado, la falta de reacción ante las advertencias y la ocultación de los problemas.

Mientras tanto, la ministra de Igualdad participaba en el Congreso en un acto conmemorativo del sufragio femenino, donde aseguró que “todo funciona” y que “se han superado las dificultades”. Por su parte, consejeras de Igualdad de varias comunidades autónomas, reunidas con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistieron en la necesidad de asumir responsabilidades. Fabiola García, de Galicia, señaló que “no hay nada menos feminista que fallarle a las víctimas”, mientras que Concepción Ruiz, de Murcia, advirtió sobre las “consecuencias gravísimas” que han sufrido mujeres que creían estar protegidas.

Desde el PSOE y otros grupos parlamentarios se ha criticado al PP por hacer un uso partidista de la violencia de género. No obstante, el debate ha reavivado la preocupación sobre la fiabilidad del sistema de control telemático y la confianza de las víctimas en las herramientas de protección. La moción aprobada no implica consecuencias inmediatas, pero incrementa la presión política sobre la ministra Redondo y sobre el Gobierno para dar una respuesta clara y reforzar los mecanismos de seguridad contra la violencia machista.