Ancianos fallecidos en residencias de Madrid podrían haberse salvado durante la pandemia, según la Comisión Ciudadana por la Verdad. Ahora, cuatro años después, las familias reciben cartas de la Consejería de Asuntos Sociales reclamando el pago por los días previos a sus decesos, en lugar de ofrecer reparación. La Ser documenta los testimonios y las cartas, donde se detalla el saldo pendiente desde que fueron aislados hasta su fallecimiento, sin atención médica y sin contacto con sus seres queridos. Los familiares rechazan la solicitud, sintiéndola como una afrenta. La consejería, dirigida por Ana Dávila, argumenta que están obligados a requerir las deudas según la legislación estatal, sin excepciones por la pandemia: “todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas”.

Isabel Díaz Ayuso justificó su veto al traslado de ancianos enfermos a hospitales, alegando la crisis generalizada provocada por la COVID-19. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, denuncia la crueldad hacia las familias de los fallecidos en las residencias. Informes policiales de 2020 revelaron la situación de abandono en los centros, con llamadas de auxilio ignoradas y una falta de respuesta de las instituciones a las demandas de los profesionales para obtener ayuda y protección adecuada.

Ayuso justificó su veto

“Había muertos en todas partes; en las casas, en los hospitales, en las residencias”. Así justificó la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, su veto a que los mayores enfermos por COVID fuesen trasladados a centros hospitalarios.