Trabajo retrasa el trámite parlamentario para buscar consensos en un clima político tenso

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este miércoles que el debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales se pospone hasta septiembre, alegando la necesidad de un entorno político más sereno. El proyecto de ley no se abordará en el Pleno extraordinario del 22 de julio, como estaba previsto, debido a la crispación generada por presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y la falta de apoyos parlamentarios clave.

Díaz defendió que “merece la pena tomar un poco de tiempo” para abordar una reforma “que no se da desde hace más de cuarenta años en España”. La ministra indicó que Junts, formación cuyo apoyo resulta imprescindible, ha solicitado más tiempo para negociar, aunque el partido no ha confirmado oficialmente esta solicitud. El Ministerio de Trabajo argumenta que la prórroga permitirá alcanzar un consenso más amplio y estudiar “medidas de acompañamiento” para autónomos y pymes, una demanda compartida entre Junts y el Gobierno.

Mientras tanto, los sindicatos CCOO y UGT han calificado de “fracaso” el aplazamiento de la votación. Durante una protesta en Barcelona que reunió a entre 1.000 y 2.500 personas, sus líderes criticaron la falta de avances en la reducción de jornada, y exigieron a Junts definir si está con la “mayoría social catalana” o con los “lobbies”. Camil Ros, secretario general de UGT Cataluña, declaró que “pasar a septiembre esta medida es un suspenso para todos los implicados”.

La norma, que afecta a 12 millones de trabajadores, es considerada por Díaz como “la más valorada por los ciudadanos”. Aunque aún no hay fecha definitiva para su votación, el Gobierno insiste en su voluntad de consenso para sacar adelante una reforma histórica en el mercado laboral español.