La decisión llega después de que el Tribunal Supremo avalara su enjuiciamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación

La Mesa del Congreso aprobó este miércoles la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento dentro del denominado caso Koldo. La resolución, adoptada tras la comunicación oficial del alto tribunal, se sustenta en el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que regula la pérdida temporal de prerrogativas cuando un diputado se encuentra procesado por determinados delitos.

La medida implica que Ábalos pierde de forma inmediata todos sus derechos funcionales y económicos como diputado electo. Según fuentes de la Cámara Baja, dejará de percibir las retribuciones asociadas a su escaño, será dado de baja en la cobertura de protección social sufragada por el Congreso y quedará excluido de la póliza de accidentes contratada para los miembros de las Cortes Generales. Además, se aplicará la detracción correspondiente a la subvención del Grupo Parlamentario Mixto, del que formaba parte, en proporción a su participación en el mismo.

El acuerdo se produce después de que el Tribunal Supremo desestimara íntegramente el recurso de apelación presentado por Ábalos contra el auto del instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, quien ordenó la apertura de juicio por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, malversación y otros vinculados a contrataciones públicas durante la pandemia. La confirmación del auto otorga firmeza al procesamiento y abrió la vía para que el Congreso ejecutara esta suspensión.

La Mesa del Congreso, reunida inmediatamente tras finalizar el pleno, comunicó la decisión al propio Ábalos —en prisión preventiva desde el 27 de noviembre—, al Tribunal Supremo, al Grupo Parlamentario Mixto y a la Secretaría General del Congreso. El exministro había solicitado participar mediante voto telemático en esta sesión, una petición que quedó sin efecto tras la adopción de la medida. La suspensión, de carácter automático según el reglamento, permanecerá vigente mientras continúe el procedimiento judicial, en un contexto en el que las causas por corrupción y abusos han marcado el cierre del último pleno del año.