El Gobierno busca apoyos para aprobar nuevas cuentas mientras la oposición y socios muestran desconfianza

El Congreso de los Diputados retomará su actividad en septiembre tras el parón veraniego con una agenda marcada por la tramitación de una treintena de leyes y, sobre todo, por el debate en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a finales de julio su intención de presentar unas nuevas cuentas que sustituyan a las prorrogadas de 2023. Sin embargo, el camino legislativo no se presenta sencillo.

Desde la oposición, el Partido Popular ha puesto en duda la viabilidad del proyecto. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó los presupuestos de “quimera” y acusó al Ejecutivo de haber iniciado las vacaciones sin activar los trámites previos, como la convocatoria de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, los populares han registrado una proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha cuanto antes los procedimientos presupuestarios, incluyendo la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública.

El Ejecutivo también enfrenta tensiones con sus socios parlamentarios. Mientras Podemos considera que la legislatura está “muerta” y que los presupuestos son una excusa para anticipar elecciones, Junts ha advertido que su apoyo dependerá de concesiones “estructurales” y que en otoño podrían producirse hechos “nunca vistos hasta ahora”. Por su parte, ERC ha condicionado su respaldo a avances en materia de financiación autonómica, y ya ha pactado con el Gobierno la condonación parcial de la deuda autonómica a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La falta de apoyos consolida un escenario de incertidumbre política. La aprobación de los presupuestos es considerada clave no solo para garantizar la estabilidad del Ejecutivo, sino también para determinar la continuidad de la legislatura. De fracasar, se abriría la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones, en un contexto en el que el Parlamento deberá gestionar además una elevada carga legislativa pendiente.