La oposición denuncia falta de transparencia y uso inadecuado de fondos públicos en la programación navideña

El gasto de 70.000 euros en un belén de Playmobil instalado en la Plaza Mayor de Leganés durante las pasadas fiestas navideñas ha generado una polémica política y vecinal en el municipio. La instalación, promovida por el Gobierno local formado por el Partido Popular y Unión por Leganés, fue presentada como un belén “único en el mundo”, aunque desde la oposición se sostiene que se trató de un montaje de dimensiones muy reducidas, compuesto únicamente por tres figuras, lo que ha despertado críticas sobre la proporcionalidad del gasto y su utilidad pública. Además, la oposición cuestiona que el contrato se haya adjudicado mediante un procedimiento privado sin concurrencia competitiva, reclamando explicaciones sobre los criterios utilizados y la justificación económica de la inversión.

Según han trasladado representantes municipales críticos con la iniciativa, este desembolso se suma a otros gastos navideños considerados excesivos y ajenos a la finalidad presupuestaria con la que se financiaron. Entre ellos, se citan cerca de 20.000 euros destinados a un tren navideño que funcionó durante pocos días, así como la compra de 2.000 gorros navideños y 2.000 raciones de churros con chocolate, sufragados presuntamente con partidas orientadas a la promoción del empleo y el desarrollo local. Desde estos grupos se cuestiona que este tipo de actividades tenga un impacto real en la mejora de la empleabilidad o en la competitividad del pequeño comercio y el tejido productivo de la ciudad.

La oposición también ha anunciado que pedirá explicaciones a la Concejalía de Festejos por las quejas vecinales recibidas sobre la organización de la Cabalgata de Reyes, que fue calificada por algunos asistentes como lenta, excesivamente larga, con escasez de caramelos y con una presencia notable de empresas privadas. Según estas críticas, el evento habría perdido parte de su carácter participativo y lúdico tradicional, lo que ha alimentado el malestar de una parte de la ciudadanía.

Desde el punto de vista político, estas denuncias abren un debate más amplio sobre la priorización del gasto público, la transparencia en la contratación municipal y el equilibrio entre actividades festivas y políticas de impacto social y económico. La oposición ha anunciado que exigirá al alcalde explicaciones detalladas sobre estas inversiones, mientras que el equipo de gobierno no ha emitido todavía una valoración pública sobre estas críticas. La controversia refleja la creciente sensibilidad social respecto al uso de fondos públicos en un contexto de dificultades económicas para parte de la población.