Álvaro García Ortiz abandona el cargo después de que el Supremo lo inhabilitara dos años por filtrar datos reservados

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión, comunicada mediante una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se produce cuatro días después de conocerse la sentencia, que también incluye una multa de 7.200 euros. En la misiva, García Ortiz expresa su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y afirma que ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

La condena está relacionada con la filtración de un correo electrónico que contenía la admisión de un fraude a Hacienda por parte de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo del Supremo considera que el fiscal general difundió datos reservados, vulnerando el deber de confidencialidad inherente al cargo. La sentencia generó una intensa reacción política y abrió un debate institucional sobre la independencia del Ministerio Fiscal.

Tras conocerse la dimisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su discrepancia con la condena y ha señalado que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre el proceso de relevo: “Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil”, indicó. Sánchez sí destacó que su Ejecutivo siempre ha propuesto a personas con una “dilatada trayectoria jurídica”, incluyendo al propio García Ortiz.

Mientras tanto, el Gobierno ha activado ya el procedimiento para designar al nuevo fiscal general del Estado. Según el artículo 124.2 de la Constitución, el cargo se nombra por el rey a propuesta del Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial. La Ley 50/1981 establece que el elegido debe ser un jurista español de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio profesional. Tras el informe —no vinculante— del CGPJ, el aspirante comparecerá en el Congreso para evaluar su idoneidad antes de tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

La dimisión de García Ortiz marca un nuevo episodio en el debate sobre la transparencia, la judicialización política y el papel del Ministerio Fiscal en España.