La Policía Nacional registra la sede de la aerolínea mientras continúa la investigación bajo secreto de sumario.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, director ejecutivo de la aerolínea, en una operación relacionada con presunto blanqueo de capitales. La actuación policial incluyó el registro de la sede de la compañía y se mantiene abierta mientras el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid continúa con la investigación bajo secreto de sumario, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.

La aerolínea se encuentra en el centro de la polémica desde que el Gobierno español otorgara un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia de COVID-19. El caso ya había sido investigado previamente por el mismo juzgado, que en enero de 2023 decidió archivar la causa por presuntas irregularidades en la concesión pública. En aquel momento, la jueza Esperanza Collazos señaló que los imputados carecían de capacidad de decisión, ya que la aprobación del rescate correspondía al Consejo de Ministros, estableciendo que no había base para declarar investigados a los responsables de la aerolínea.

La magistrada destacó que, con los datos disponibles, no era posible practicar nuevas diligencias y que la acción penal debía dirigirse únicamente a quienes tuvieran capacidad de decisión sobre la subvención. La resolución subrayaba que los representantes de Plus Ultra no ejercieron influencia sobre la decisión del Gobierno, reforzando la idea de que la responsabilidad legal recaía en el órgano ministerial que aprobó la ayuda económica.

El reciente arresto de Martínez y Roselli se produce en el marco de nuevas investigaciones que buscan determinar la posible comisión de delitos financieros relacionados con el manejo de los fondos públicos y la actividad económica de la aerolínea durante y después de la pandemia. La operación se encuentra en fase inicial, y se espera que las próximas diligencias aclaren el alcance de las actuaciones irregulares, así como la eventual responsabilidad penal de los directivos.