La Guardia Civil arresta en Madrid a ambos investigados en una operación de la Audiencia Nacional

La Guardia Civil detuvo en Madrid a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Ambos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde permanecen a la espera de ser puestos a disposición judicial. La causa investiga posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, aunque la instrucción permanece bajo secreto.

La operación se centra en analizar la posible manipulación de contratos vinculados a la SEPI, un organismo clave en la gestión empresarial del Estado. Los investigadores tratan de esclarecer si se produjo una red de intermediación destinada a favorecer adjudicaciones a determinados operadores. La detención de Fernández, quien ocupó un cargo de máxima responsabilidad en la estructura pública empresarial, otorga especial relevancia institucional al procedimiento actualmente en curso.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Entre ellas, la periodista María Jamardo señaló que este caso se suma a una “larga trama de irregularidades” que ha generado tensión en el panorama político. Afirmó que “la trama de aprovechados del Partido Socialista es mucho mayor de lo que podíamos imaginar”, declaraciones que han despertado debate por su dureza, aunque reflejan la creciente polarización en torno a las investigaciones que afectan a figuras vinculadas a instituciones públicas.

El avance del caso podría tener consecuencias en el ámbito de la transparencia administrativa. Diversos grupos políticos y entidades de supervisión han reclamado una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. La Audiencia Nacional continúa analizando documentación, contratos y posibles conexiones entre los investigados y decisiones administrativas cuestionadas. Este procedimiento se perfila como uno de los más relevantes dentro de las recientes investigaciones sobre corrupción administrativa y gestión de fondos públicos en España.