El partido independiente local Unión por Leganés (ULEG) ha dado cuenta de la existencia de un informe de Recursos Humanos de 300 páginas publicado en la web municipal -e incluido, según indican, en el presupuesto municipal en vigor- con datos de trabajadores municipales.

Al parecer, en el citado informe se identifican a unos 600 trabajadores y extrabajadores con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de alta y baja en la administración. Además, en algunos casos también se indica la unidad orgánica a la que pertenecen, antigüedad y trienios, fecha de alta en el consistorio, si es personal funcionario o laboral y el nivel o su categoría profesional.

Los independientes califican esta publicación como “un hecho gravísimo”, en especial con ciertos colectivos y datos: “Es un absoluto despropósito que este informe se haya colado dentro del presupuesto del ejercicio 2022, que se publica en la web municipal. El alcalde Llorente solo se acuerda de la protección de datos para negar información a la oposición”.

Como ejemplo, ULEG detalla que en una de las tablas del documento se identifica a agentes de la Policía Local jubilados con nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y su categoría profesional. Según ULEG, en otra de las tablas del informe también se relaciona con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, categoría y antigüedad a trabajadores que han retrasado su jubilación; es decir, que se han “reenganchado”.

Sin embargo, el grupo municipal considera como “lo más grave de todo”  la identificación en este documento de aquellos trabajadores municipales que se encuentran en situación de excedencia por el cuidado de hijos, o aquellos que están pendientes de conseguir o han conseguido la jubilación parcial mediante la ejecución de una sentencia judicial: “algo que para un Gobierno que dice ser progresista y de izquierdas debería de resultar más que vergonzante el que un empleado municipal tenga que acudir a la vía judicial para ejercer este derecho laboral”, reprocha Carlos Aranzana, concejal de Unión por Leganés.

Continúan ejemplificando esta “fuga de datos”, en la que existe también una tabla que identifica a trabajadores con la incapacidad permanente y cada cuándo se revisa esta situación, lo cuál agregan que “es, sin duda, una clara intromisión en la intimidad de las personas”.

Desde Unión por Leganés culpan a las responsables de Recursos Humanos, Hacienda y Régimen Interior de esta situación derivada del Presupuesto 2022, que se prorrogado a 2023. Estos cargos corresponden a las concejalas socialistas Laura Oliva, Elena Ayllón y Concepción Saugar, respectivamente.

Aranzana solicita que, de manera inmediata, se ponga en conocimiento de los afectados y de la Agencia de Protección de Datos estos hechos y afirma que “cuando ULEG esté en la alcaldía de la ciudad se pondrá el acento en la transparencia”.