Una crisis institucional por revelación judicial ha sacudido al Ministerio Público. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al Tribunal Supremo que se abra juicio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente revelar información confidencial del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su escrito de acusación, el ICAM sostiene que García Ortiz violó el deber de secreto profesional y pide para él cuatro años de prisión, tres años de suspensión de empleo, inhabilitación para el cargo y una multa de 81.000 euros. El origen del caso es la difusión de una nota informativa por parte de la Fiscalía, donde se expusieron conversaciones privadas entre el abogado de González Amador y el fiscal que lo investigaba.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también está implicada como cooperadora necesaria. Para ella, el ICAM solicita tres años de cárcel, dos años de suspensión y una multa de 27.000 euros. La acusación subraya que ambos actuaron “con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad”, dañando gravemente el derecho de defensa del investigado.

El ICAM acusa al fiscal general de agravar la situación al borrar mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, lo que habría dificultado una investigación judicial. “Esta filtración no solo vulnera derechos fundamentales, sino que genera una crisis institucional por revelación judicial que compromete la confianza en la Fiscalía”, concluye el escrito.