El conflicto político y judicial se intensifica mientras varias comunidades rechazan la medida

El Consell de Govern de Baleares ha anunciado que autorizará a la Abogacía autonómica a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del Ejecutivo central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. La medida fue aprobada el pasado 22 de julio y establece un procedimiento para trasladar a otras comunidades a los menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, regiones que ya han triplicado su capacidad de acogida.

Este recurso será el segundo que presenta Baleares contra el mecanismo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El primero, junto con otras autonomías gobernadas por el PP y con Castilla-La Mancha (PSOE), se interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Extranjería. Ahora, la intención es lograr que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente la llegada de 49 menores migrantes que, según la planificación estatal, deberían ser acogidos en el archipiélago.

La consellera de Presidencia ha adelantado que Baleares solicitará además ser declarada en situación de contingencia migratoria, aunque todavía no ha alcanzado el límite de triplicar su capacidad ordinaria de acogida. Este procedimiento ya ha sido activado por Melilla y Ceuta, que denuncian el colapso de sus centros y piden que los nuevos menores no acompañados sean trasladados a la península en un plazo máximo de 15 días.

Las críticas no se limitan a Baleares. Desde Galicia, la conselleira de Política Social, Fabiola García, acusó al Gobierno de “falta de diálogo y planificación” y rechazó cualquier “imposición”. En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censuró lo que calificó como un intento de “imponer por la fuerza” un reparto sin garantizar financiación ni medios suficientes. Desde el Ejecutivo central, por su parte, se defiende que el decreto es necesario para dar respuesta a la situación de saturación en las regiones fronterizas y cumplir con las obligaciones de protección a la infancia migrante.