La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la adjudicación del servicio de retirada de componentes con contenido de amianto en los trenes de Metro, vehículos auxiliares y dresinas, así como en las herramientas y equipos empleados en su mantenimiento. El contrato, que se enmarca dentro del Plan de eliminación del amianto del suburbano madrileño, tendrá una duración de cuatro años y contará con una inversión de 4,5 millones de euros.

Metro de Madrid ha reforzado sus actuaciones para la identificación, señalización y retirada de elementos con amianto. Además, se realizan todo tipo de inspecciones y mediciones ambientales de control conforme a la normativa para certificar la seguridad en la utilización de los coches afectados hasta su retirada y sustitución, así como su reinstalación, una vez eliminada la presencia.

Estos procesos se realizan de manera coordinada con los diversos departamentos del suburbano madrileño, para garantizar las condiciones de trabajo en todo momento y, al mismo tiempo, asegurar la correcta prestación del servicio a los usuarios de Metro.

El acuerdo está dividido en dos lotes. El primero comprende los trenes de gálibo estrecho de los modelos 2000 A, 2000 B y 3000, así como sus equipos de mantenimiento. El segundo incluye los de gálibo ancho, es decir, los modelos 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000, así como sus equipos de mantenimiento, medios de producción, dresinas y vehículos auxiliares.

Acuerdo con los sindicatos

Por otro lado, Metro de Madrid firmó el pasado mes de julio un acuerdo con sindicatos, trabajadores afectados por enfermedad profesional derivada del asbesto y familiares para establecer las indemnizaciones a estos empleados y sus herederos.El importe global que Metro pagará tras la firma asciende a 7.359.176,13 euros correspondientes a las indemnizaciones a 7 trabajadores y a los familiares de otros 11.

Para aquellos empleados con enfermedad profesional reconocida que hayan derivado en incapacidad permanente total para su profesión habitual se ha establecido una indemnización de 140.000 euros, mientras que para los de incapacidad permanente absoluta para toda Profesión se ha acordado que ascienda a 190.000 euros. En caso de que el trabajador haya fallecido, el cónyuge percibirá 200.000 euros. En cuanto a los hijos, la cuantía varía en función de si existe o no convivencia y dependencia económica con el trabajador -entre 66.650 y 115.525 euros-.