La Comunidad reconoce la saturación y anuncia ampliaciones y nuevas instalaciones para responder a la presión creciente

Los centros de acogida de menores no acompañados en la Comunidad de Madrid atraviesan una situación de sobresaturación, con niveles de ocupación que en muchos casos superan el 130 %, según ha reconocido la Consejería de Familias. Este escenario refleja un sistema en tensión que, de acuerdo con los datos oficiales, acumula años de presión sostenida sin que los recursos físicos y humanos hayan crecido al mismo ritmo que la llegada de menores.

La administración autonómica admite que la situación no es nueva, sino el resultado de un proceso acumulativo. La llegada constante de menores migrantes ha sobrepasado la capacidad de acogida, generando dificultades para garantizar estándares adecuados de atención, educación y protección. En palabras de responsables de Emergencias Sociales, se trata de un “colapso progresivo” que pone a prueba a trabajadores sociales, educadores y sanitarios, obligados a atender en condiciones limitadas.

En el terreno político, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado al Gobierno central como corresponsable de la crisis. Ha acusado al presidente Pedro Sánchez de “multiplicar la llegada de menores migrantes y desentenderse de ellos”, trasladando a las comunidades autónomas la gestión de un problema que, en su opinión, requiere coordinación nacional. Desde el Ejecutivo central, sin embargo, se insiste en que la distribución de menores se ajusta a acuerdos previos con las autonomías y que la responsabilidad de su atención corresponde a cada región.

Frente a la presión creciente, la Comunidad de Madrid ha anunciado medidas urgentes. Entre ellas, la ampliación de plazas en centros como La Cantueña y la búsqueda de nuevas instalaciones para aliviar la saturación. Expertos en infancia advierten, no obstante, de que estas acciones resultan insuficientes si no se acompañan de recursos humanos especializados y de una estrategia a largo plazo. La situación en Madrid refleja un desafío mayor que también enfrentan otras comunidades autónomas, y que seguirá marcando la agenda política y social en los próximos meses.